La Audiencia Nacional podría investigar la financiación ilegal del PSPV y el Bloc

Cuatro Juzgados investigan presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de 2007

La Audiencia Nacional podría asumir la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV y del Bloc, habida cuenta de que actualmente la instrucción de la causa se halla dispersa en cuatro Juzgados distintos, uno en Benidorm, otro de Gandía y dos de Madrid, atendiendo a los partidos judiciales donde se podrían haber cometido los delitos. Esa diversidad geográfica podría hacer que la Audiencia Nacional reclamara la causa, que en ese caso se vería en Madrid, según fuentes del PP.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó ayer de que Instrucción 21 abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromís entre los años 2007-2011. Se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral. Continúa el TSJ que «tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia. La instructora se inhibió en favor de los de Gandía, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados».

El PP, en boca de su secretaria general, Eva Ortiz, explicó ayer que su partido recibió una denuncia anónima en el año 2016 sobre empresas que podrían haber financiado irregularmente las campañas electorales de 2007 del PSPV, con Ignasi Pla a la cabeza, y del Bloc, con Enric Morera de número dos tras Gloria Marcos en la coalición «Compromís pel País Valencià» con EUPV y otros partidos.

La dirección del PP decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía al sospechar que se podría estar ante un posible delito. Ortiz dijo que en el día de ayer conocieron por el diario El Mundo, que la Policía habría estado investigando bajo las órdenes de la jueza instructora, Nieves Molina, la comisión de posibles delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delito electoral. Ortiz dijo que su partido se personará en la causa en cuanto sea posible.

Según la misma información, la empresa Crespo Gomar, vinculada con el PSPV de Gandía, podría haber facturado a diversas empresas los actos electorales de las dos formaciones. Gomar era concejal cuando el alcalde de Gandía era el socialista José Manuel Orengo, hoy asesor del presidente de la Generalitat. Orengo está imputado en la causa Imelsa. En la investigación policial también aparece José Ramón Tiller, quien fuera su jefe de gabinete y más tarde gerente de Imelsa, desde donde autorizó contrataciones públicas con el bufete de abogados defensores de Orengo.

Respecto al Bloc, la formación que lidera el actual presidente de Les Corts, Enric Morera, y que forma parte de la coalición Compromís, señala el citado diarioque la Policía tiene un estado de cuentas que también obraba en poder de Crespo Gomar, en el que se recogen actos de la formación, relacionados con un listado de pagos de diversas empresas. La Policía trata de determinar si estas empresas pagaron realmente los actos del Bloc.

PP y Cs exigen explicaciones y Podemos plantea revisar el apoyo que le da al Consell

Todos los partidos con representación parlamentaria exigieron ayer explicaciones a las dos formaciones políticas sobre los hechos denunciados.

El PP, que denunció la causa, dijo que se personaría en cuanto se levantara el secreto de sumario y se incoara procedimiento. Además, la secretaria general, Eva Ortiz, dijo estar muy interesada en las explicaciones que darían el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, «después de dar tantas lecciones de moralidad y de ética».

Por su parte, el síndico de Podemos, Antonio Estañ, señaló que de ser así, «ésta no era la regeneración que inspiró el Pacte del Botànic» y dijo que pediría explicaciones «en sede judicial», con lo que no descarta la personación en la causa. Estañ dijo que cuando se supieran más datos decidirían si convocaban la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Quien también estudiará su personación es Ciudadanos: «haremos lo que más convenga a los valencianos si existe una trama de corrupción», dijo el diputado Woodward.

Por parte de las formaciones afectadas, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró ayer que su partido colaborará con la Justicia y la Policía y actuará desde la «tolerancia cero». El síndico parlamentario, Manuel Mata, dijo que crearían una comisión interna para revisar la documentación de 2007, y reconoció que estaban molestos.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, desvinculó a la formación Compromís de las presuntas irregularidades del Bloc, «porque se creó tiempo después». También aludió a tiempos pasados la actual dirigente del Bloc, Águeda Micó, quien dijo que de haber algo, correspondía a una etapa anterior. Finalmente, el entonces candidato Morera que en un principio no iba a hacer declaraciones, dijo estar tranquilo y aludió paradójicamente al «no todo vale en política».

CLAVES

Anónimo en 2016

El PP recibió un anónimo en 2016 con un extracto de cuentas de la sociedad Crespo Gomar donde se reflejaban pagos de actos de las dos formaciones políticas y facturaciones paralelas a empresas. Puso dicha documentación en conocimiento de la Policía.

Datos coincidentes. Tras año y medio de investigación, la Policía concluye que hay facturas de empresas que coinciden al céntimo con las cantidades facturadas a PSPV y Bloc por la realización de diversas campañas.

La trama afecta a ministerios

Algunos ministerios bajo la presidencia de Zapatero también aparecen reflejados en la documentación que investiga la Policía Nacional.