Jorge Rodríguez enchufó a siete altos cargos a sabiendas de la ilegalidad

Socialistas y Compromís estaban avisados de la ilegalidad, retorcieron la ley y buscaron cómo disfrazarla

El sumario de la causa Alquería en la que fue detenido el entonces presidente de la Diputación y hasta ayer candidato a la Alcaldía de Ontinyent, Jorge Rodríguez (PSPV), arroja datos muy significativos sobre el total desprecio de la ley que tenían los dirigentes de la Diputación de Valencia en lo que se refiere a la contratación de siete altos cargos que costaron al erario dos millones de euros, a razón de 70.000 euros anuales por asesor.

Tanto Jorge Rodríguez como su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, pero también el letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; los directores gerentes de Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines, y el asesor Manuel Reguart ignoraron informes jurídicos, recomendaciones y dictámenes para disfrazar la legalidad de la contratación de siete altos cargos que no había por dónde cogerla.

Por ello, están imputados de los delitos de prevaricación y malversación.

Además, presionaron y apartaron a los funcionarios que no quisieron comulgar con esta forma de gestionar la administración pública y que denunciaron que «este asunto de los altos cargos es todo una ilegalidad y una mangarrufa por dos motivos: Cuerda (Jorge, letrado de Divalterra) y Presidencia (Jorge Rodríguez) están saltándose el Estatuto Básico del Empleado Público y retorciendo la ley para realizar unas contrataciones con justificaciones absurdas y están dejando al margen a la otra directora gerente, la señora Brines», tal y como reconoció el director de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo.

Todo ello, según consta el la abundantísima información que obra en el sumario de la causa y que se condensa en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Señala la querella que tanto los gerentes de Divalterra como el presidente de la Diputación conocían la ilegalidad de sus actos y apunta que «con fecha 24 de julio de 2015, ante el Consejo de Administración de Imelsa (hoy Divalterra) pregunta uno de los consejeros si el nombramiento que están proponiendo (...) está sujeto a la legalidad y el secretario de la Diputación, señor Boquera, contesta que no».

Más allá, no solo eran conocedores de la ilegalidad sino que se revolvían y amenazaban a aquellos que se lo recordaban, como recoge la querella cuando apunta que «en la reunión de 15 de noviembre de 2016 del Consejo de Administración, cuando el auditor interno de la empresa, Alejandro Muñoz expone las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos es mandado callar por el presidente del Consejo (Jorge Rodríguez), diciéndole en varias ocasiones el jefe de Gabinete del Presidente, Ricard Gallego, que era un hijo de puta».

Obviamente, Alejandro Muñoz abandonó la empresa, como también lo hizo, por destitución, el secretario de la empresa pública, José Luis Pellicer, «que en reiteradas ocasiones se había negado a informar favorablemente la contratación como personal de alta dirección de los nombrados sin pasar por el Consejo de Administración».

LAS CLAVES

Las contrataciones se hacían «pese a la existencia en contra de todos los informes jurídicos de asesorías contratadas por la propia empresa, de un catedrático de Derecho y del secretario»

Las contrataciones realizadas por el equipo de dirección de la Diputación fueron absolutamente irregulares. Se contrató a cuatro afines al PSPV y tres afines a Compromís. El sueldo bruto de cada uno de ellos al año era de 70.000 euros.

Tanto Jorge Rodríguez como su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y los cogerentes de Divalterra tenían diversos informes que coincidían en la ilegalidad de las contrataciones. Incluso se llegó a forzar las conclusiones de uno de ellos para que fueran mas «suaves».

El jefe de Gabinete de Rodríguez no solo impulsó incluso de forma violenta la contratación de los afines al PSPV sino que exigió el despido de brigadistas próximos al PP.