Hacienda corrige el nuevo plan de carreteras de Jorge Rodríguez

El Tribunal de Recursos Contractuales desdice a la Diputación de Valencia que rechazó la oferta de una empresa valenciana por una baja temeraria

El pasado 4 de diciembre el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, presentó los nuevos contratos del plan de Conservación y Mantenimiento de Carreteras de la red provincial para los próximos tres años. La inversión total asciende a 35 millones de euros distribuidos en cinco demarcaciones.

Tan solo ocho días más tarde, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales corregía la adjudicación de la demarcación de Utiel- Requena. El diputado de Carreteras, Pablo Seguí, detalló que la UTE formada por Joca- Postigo se haría cargo de este área con un contrato por valor de 5.632.441 euros. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha dado la razón a CHM Obras e Infraestructuras, que recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación en la que se formalizó la citada adjudicación.

Esta empresa valenciana fue excluida del concurso por haber presentado un presupuesto 3.964 euros menor al límite marcado como máximo en las condiciones de la Diputación. .

Sin embargo, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, este tribunal afirma que la empresa justificó sobradamente que podía acometer los trabajos requeridos en el contrato de la Corporación provincial.

CHM Obras e Infraestructuras argumentó, entre otras cuestiones, que tenía capacidad para ofrecer un precio más bajo porque tiene su central en Requena, circunstancia que le permite ahorrar costes importantes. Además, remarcó que podía ofrecer precios más baratos en los materiales porque tiene en la zona instalaciones propias.

La empresa valenciana justificaba también su solvencia financiera, así como los trabajos desarrollados hasta ahora en esta misma zona, y en otras autonomías como Andalucía o Murcia.

Por estos motivos, el Tribunal considera que la reducción del precio ofertado por la empresa valenciana está más que justificada y no pone en riesgo la ejecución de los trabajos requeridos por la Diputación de Valencia.