El PP investigará los gastos de la Primavera Educativa

La concentración por la educación concertada del pasado domingo sacó a la calle a 40.000 personas en Valencia. Fue la segunda cita sobre el sistema educativo celebrada en dos fines de semana consecutivos en la capital.

Las dos fueron reivindicativas. La manifestación de las concertadas contó con la presencia del PP y de Ciudadanos; la Primavera Educativa, celebrada en el antiguo cauce del río Turia del 20 al 22 de mayo fue organizada y promocionada por la Generalitat. Pero los populares consideran que las explicaciones dadas hasta ahora por el Consell se han quedado cortas y quieren llegar al fondo del asunto.

La investigación del PP ha comenzado en dos ámbitos. Por una parte, en Les Corts. La portavoz de Educación, Beatriz Gascó, solicitó la semana pasada la copia del expediente de este acto para conocer la relación de los patrocinadores y en qué consistió su participación, el coste de la celebración (difusión y promoción), qué tipo de contratos se realizaron y si trabajaron funcionarios.

De momento, tienen conocimiento de que los funcionarios del Cefire (Centro de Formación, Innovación y Recursos) han estado implicados en su organización. Exigen saber también las conclusiones a las que se llegaron tras la celebración de estas tres jornadas, donde se anunció la presencia de grandes ponentes. Inciden en que el objetivo declarado fue «reconstruir la educación y realizar actividades formativas relacionadas con las lenguas», por lo que esperan que se haya obtenido algún resultado que se pueda aplicar.

La Diputación de Valencia es el otro punto donde el PP ha solicitado documentación sobre la Primavera Valenciana. La portavoz popular, Mari Carmen Contelles, ha solicitado el informe que valida la aportación de la Corporación provincial en este acto educativo y que asciende a 100.000 euros.

Los populares afirman que en la Junta de Gobierno se llevó la aprobación de un convenio entre la Diputación y la Generalitat en la que solo se recogía aportación de la primera. Sin embargo, cuando fueron a revisar dicho convenio no tenía firma, por lo que se les explicó que finalmente la operación se cerró con un decreto de Presidencia.

Quieren también esclarecer los gastos subvencionados y comprobar las facturas para determinar, por ejemplo, el coste de los autobuses contratados.

Aunque la petición de información en ambas instituciones se realizó a principios de la semana pasada, ni en Les Corts ni en la Diputación confían en obtener respuesta hasta finales de mes. El plazo en el caso del Parlamento valenciano incluso podría alargarse.

Cuestión de privilegios

La portavoz de Educación del grupo popular en Les Corts, Beatriz Gascó, exigió ayer a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que pida perdón por «insultar a miles de familias trabajadoras» que acudieron a la concentración en defensa de la escuela concertada.

Considera «grave» que Oltra dijese que era «una concentración para mantener privilegios» pues, a su juicio, confunde un derecho constitucional recogido en la ley con privilegios. Defendió que las familias de la escuela concertada no son «ricas o elitistas», sino gente trabajadora a la que Oltra «insulta y menosprecia de manera preocupante».

La portavoz popular acusó a la izquierda de tratar de desvirtuar el motivo de la concentración, ya que los asistentes no acudieron en defensa de un colegio determinado o de la supresión de una unidad, sino para defender un derecho constitucional como es la libertad de enseñanza.

Gascó lamentó que el Consell no escuche «la voz de un ‘poble’», y que se tapen los oídos ahora que no les gusta lo que oyen. Calificó de «radical» al conseller de Educación, Vicent Marzá, por no entender que debe gobernar para todos, «no para imponer sus ideas al precio que sea y por encima de quien sea» y le acusó de no tener criterios objetivos para suprimir unidades y no concertar nuevas.

Oltra no volvió ayer a pronunciarse sobre la concertada, pero sí lo hizo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que salió claramente en su defensa. Acusó al PP de haber manipulado el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y criticó que acudieran a la concentración destacados cargos del partido.

Aseguró que el Consell está «abierto al diálogo» y defendió que la educación no puede ser un espacio de confrontación frente a las políticas educativas del anterior gobierno, del PP, que entre otras consecuencias causaron el cierre de 616 aulas. Sin embargo, aseguró que en el próximo curso únicamente se eliminarán, «en el cómputo general, de una a dos aulas».

Puig lamentó que muchos ciudadanos estén imbuidos de una información que no es real porque lo que ha hecho el Ejecutivo autonómico es, «con menos niños, más inversión y conseguir bajar las ratios en la concertada y en la pública, mejorando la calidad de la enseñanza».

Reivindicó la gestión realizada por Marzà asegurando que lo único que ha hecho es cumplir la ley y que sean las familias las que elijan, no los colegios, «que haya igualdad de oportunidades para todos y distribución en función del territorio y no de las clases sociales».

“Me gustaría saber -ha reivindicado el presidente- qué se hizo y qué respuesta hubo cuando hace dos años se cerraron 616 aulas” en la Comunitat Valenciana bajo el gobierno del PP.

Entonces, ha añadido, “no hubo ninguna respuesta por parte de ningún político”.