Año uno del fin del Modelo Alzira

La recuperación de la gestión del hospital de La Ribera por parte de la Conselleria de Sanidad cumple su primer aniversario con dudas acerca de su rentabilidad

Cuando Carmen Montón tomó posesión de su cargo como consellera de Sanidad el 30 de junio de 2015 lo dijo alto y claro. Su prioridad era poner fin a «la pésima gestión» de los últimos veinte años de gobierno y una de las vías para llegar a su objetivo era rescindiendo todos los conciertos sanitarios posibles y «devolver la sanidad a lo público».

Su ballena blanca era el Hospital de Alzira, icono de un modelo que el Partido Popular vendió como el futuro de la gestión sanitaria y que la izquierda siempre ha considerado un desmantelamiento del sistema de sanidad universal.

Dos años más tarde, la Generalitat valenciana comunicaba a Ribera Salud, empresa concesionaria encargada de la gestión del centro hospitalario protagonista, que no iba a prorrogar la concesión. Luego vinieron meses de litigios, acusaciones e informes cruzados entre ambas partes en defensa de sus posturas.

Ribera Salud perdió y Montón, como un Ismael victorioso, se hizo la foto con el nuevo equipo directivo el uno de abril de 2018.

Desde entonces han sido muchas las voces que han puesto en duda la reversión del Modelo Alzira, empezando por los afectados. A finales del año pasado, la plantilla del hospital se manifestaba en contra de la Conselleria de Sanidad -ya en manos de Ana Barceló después de la marcha de Montón al Ministerio del ramo y su temprana defenestración por un máster dudoso- por «impagos y abusos». Alegaba el personal que este Departamento les adeudaba tres millones en concepto de salarios; que se vulneraban sus derechos a la representación sindical y que padecían un exceso de jornadas y cargas de trabajo que incumplían las promesas y convenios.

Estos hechos dieron alas a los críticos como la plataforma «SanitatSolsUna» para denunciar que el cambio de modelo de gestión obedeció a una intención meramente política y no económica, pues «nunca se valoró el impacto sobre el trabajo de los profesionales y sobre la atención a los pacientes de la comarca».

Tan insistentes han sido estas críticas como las de la empresa que durante dos décadas dirigió el centro hospitalario.

Javier Palau, director de proyectos del grupo Ribera Salud y ex gerente del Departamento de Salud de Alzira-La Ribera repasa los cambios que ha sufrido el centro en el último año. «Las reclamaciones han aumentado y, por primera vez en 20 años, los profesionales se han manifestado para protestar por sus condiciones laborales. La Administración ha pagado más de dos millones de euros en indemnizaciones por los despidos improcedentes que se produjeron el primer día de reversión. Ribera Salud dejó el Hospital de Alzira con una demora 1,4 meses menor que el resto de la Comunitat».

Palau está convencido de que la reversión fue una decisión errónea que, «lejos de tener en cuenta lo mejor para los ciudadanos y para los profesionales fue tomada exclusivamente en términos políticos y que, además, fue mal planificada y ejecutada».

Basa estas afirmaciones en que el informe técnico de la auditoría de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana del Departamento de Salud de Torrevieja (2003-2016) «ya vaticinaba que el cambio de modelo de gestión iba a conseguir peores resultados porque la gestión privada permite hacer más cosas con más calidad y a menor coste». El informe concluía que el modelo concesional es un 30 por ciento más eficiente para la Administración y ofrece menos listas de espera, una menor mortalidad, una mayor inversión por ciudadano y mayor calidad.

No obstante, la Generalitat valenciana sigue con el plan marcado de recuperar la gestión privada de todos los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana -Dénia, Elx-Vinalopó, Torrevieja y Manises-. Por cuestiones administrativas y de finalización de contratos, el centro dianense será el primero, aunque al igual que ocurrió con el de Alzira, su reversión no está exenta de polémica.

Pese a que el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, anunciara en marzo de 2016 su intención de recuperar la concesión que gestiona Marina Salud (participada al 65 por ciento por DKV y al 35 por ciento por Ribera Salud) antes de que acabara la legislatura, la consellera de Sanidad tuvo que admitir hace unos días que la hoja de ruta tendría algún tachón e informaba a la Junta de Personal de este Departamento de salud de la imposibilidad de cerrar un acuerdo para recuperar el hospital antes de las elecciones.

La reversión, insiste Palau, es una aberración. «A corto y medio plazo se va a producir un mayor consumo de recursos que verán cómo seguirán aumentando las listas de espera y demoras y, seguramente, se van a seguir derivando pruebas a la privada para paliarlo, con el consiguiente aumento del gasto público e incomodidad para el ciudadano. Se ha perdido una oportunidad de oro para modernizar el modelo concesional, que aún tiene que decir mucho en el ámbito de la sanidad pública».