«Las multas lingüísticas son un atentado a la libertad de expresión»

BARCELONA- Cuando la semana pasada el conseller de Empresa, Felip Puig, anunció que el Govern anulará las multas lingüísticas impuestas hasta 2010, para los comerciantes que fueron sancionados por rotular en castellano se acabó un calvario judicial. La iniciativa parte de una sentencia judicial que anula el artículo 30 del Código de Consumo catalán, vigente entre 1993 y 2010, pero los afectados recuerdan que la Generalitat puede seguir imponiendo multas lingüísticas amparándose en el Código de Consumo de 2010, que, según el conseller de Empresa, ya no tiene los defectos de «seguridad jurídica» del anterior.

Dos de los afectados explican su experiencia. Francisco Vicente es el propietario de una frutería de Montornès del Vallès (Barcelona), y la suya fue la primera multa anulada por un juez, concretamente el pasado 1 de marzo, aunque señaló que «todo sigue en manos de mi abogada». Vicente explica que «vinieron los inspectores en 2009», en referencia a la Agencia Catalana del Consumo (ACC), que es el órgano que tiene la competencia en materia de multas lingüísticas.

A la espera del Constitucional

El «problema», según estos inspectores, es que Vicente tenía los carteles de su frutería en castellano, por lo que tuvo que afrontar una sanción de 1.200 euros, además de un largo proceso judicial, que se ha dilatado durante casi cuatro años. «Este tipo de leyes son demasiado raras», explica. Acto seguido, asegura que no entiende la sanción, entre otros motivos porque «tengo muchos clientes que nunca se han quejado de nada, y entre ellos hay catalanohablantes muy majos y castellanohablantes también muy majos». A su juicio, la multa lingüística es «un atentado a mi forma de expresión.

En la misma situación se encuentra Ángel Centeno, propietario de una inmobiliaria en el barrio del Clot de Barcelona. En este caso, la multa fue de 1.000 euros. Centeno fue una de las víctimas de un joven de Berga que ya ha denunciado a más de 2.000 comercios por utilizar el español en su negocio. Explica que «un día se presentó una inspectora de la Generalitat, y me dijo que tenía que rotular más en catalán, y yo le dije que no». A partir de ese momento comenzó un largo proceso de entrega de documentos y de trámites judiciales. «No permití ni que hiciera fotos», dice Centeno. Uno de los problemas para la Generalitat es que el cartel principal de la inmobiliaria tiene unos quince metros de longitud, y Centeno se niega a pagar uno nuevo. «Que lo paguen ellos», afirma. Finalmente, recibió la denuncia por cuatro rótulos que no están en catalán y ahora celebra la decisión del Govern de retirar las multas, pero lamenta que «antes de esta denuncia me habían atracado en poco tiempo dos veces a mano armada, y esta fue la tercera, pero sin armas, fueron tres atracos en un año». Su caso está en manos del Tribunal Supremo, pero ahora, según lo anunciado por Puig, quedará sin efecto. No obstante y a la espera de que el Constitucional dictamine sobre el Código de Consumo vigente, las multas lingüísticas no han acabado

Fermin Guerrero

Fue multado por no tener los carteles de su tienda, de telas y productos para la costura, en castellano. Como él, miles de comerciantes ha sido sancionados por incumplir el Código de Consumo, tanto el de 1993 como el que los sustituyó en 2010. De hecho, esta última norma sigue vigente y con ella el Govern puede multar a los propietarios que no rotulen en catalán. La norma está recurrida ante el TC.

Manel Nevot

Fue multado en el año 2008 por no rotular en catalán. Es propietario de una inmobiliaria en Vilanova i la Geltrú. Los radicales atacaron su establecimientos y pintaron consignas en los cristales del local porque Nevot ha defendido sus derechos hasta llegar al TC.

Francisco Vicente

Propietario de una establecimiento de alimentación en Montornès del Vallès, Francisco Vicente recibió la visita de inspectores de la Generalitat en 2009. Desconoce el origen de la denuncia por no rotular en catalán. La Generalitat le impuso una multa de 1. 200 euros.