La oposición afea al Ayuntamiento el cierre de 2016 con un superávit de 100 millones

El Ayuntamiento cerró su ejercicio económico de 2016 con un superávit de 97,5 millones y un gasto total de 2.702 millones.

Todo parece indicar que la solvencia de Barcelona está fuera de toda duda. Incluso con el cambio de gobierno municipal, de CiU a BComú, el Ayuntamiento se las arregla para cerrar cada ejercicio con superávits que bordean los 100 millones. Un extremo que no ha gustado a la oposición habida cuenta que las heridas de la crisis todavía son muy patentes en la ciudad. Así las cosas, el Ayuntamiento cerró su ejercicio económico de 2016 con un superávit de 97,5 millones y un gasto total de 2.702 millones, con un porcentaje de ejecución de proyectos del 97,6 por ciento, uno de los más elevados de los últimos 20 años, al tiempo que mantiene el pago a proveedores en 29,8 días.

Según el teniente de alcalde del Ayuntamiento Gerardo Pisarello, el superávit se ha debido en parte al mejor comportamiento de la fiscalidad, con una recaudación del impuesto de plusvalías superior al que había previsto (36 millones más) y los ajustes en contabilidad derivados de la ejecución de la sentencia del 1 por ciento que resolvía el contencioso para consolidar el incremento del sueldo de los funcionarios municipales y de las devoluciones de las PIAS (Participación en los Ingresos del Estado) aplazadas. Pisarello ha asegurado que la liquidación del ejercicio 2016 demuestra «que hay que hacer una enmienda a la totalidad a la Ley Montoro porque ahoga la capacidad de actuación de los ayuntamientos, imponiendo limitaciones al gasto que se han demostrado innecesarias e injustificadas, viendo la solvencia de las cuentas municipales».

El objetivo del gobierno de Ada Colau es poder destinar este superávit a reponer el remanente de tesorería, después de que durante el 2016 se haya tenido que hacer frente a la sentencia del 1 por ciento, que supuso abonar 70,7 millones, y a inversiones financieramente sostenibles de acuerdo con el Decreto Ley 2/2014 y que incluye actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y los servicios ciudadanos a medio plazo. «Nos comprometemos a ver cómo poder invertir este superávit en políticas que beneficien a los vecinos, haciendo uso, por ejemplo, del superávit para hacer inversiones financieramente sostenibles, que contempla la misma ley como único mecanismo para superar la regla de gasto», afirmó Pisarello.

Oposición

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, aseguró que el superávit «es fruto de la parálisis y la falta de sensibilidad de Colau». Fernández alertó de que «el gobierno pone en peligro la liquidez municipal, reduciéndola a la mitad en solo dos años y poniendo en peligro el pago a proveedores en 30 días».

La portavoz adjunta del grupo municipal Demòcrata (antes CiU), Sònia Recasens, denunció que el gobierno de Ada Colau «guarde en el cajón y deje de gastarse» los 97,5 millones de euros de superávit, hecho que calificó de «escándalo absoluto e indecencia».

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, declaró en la misma línea que «el gobierno Colau ha preferido dedicar el superávit a los bancos y no a la gente» y afirmó que ese superávit demuestra «una vez más la incompetencia de un gobierno que sólo anuncia cosas».

La presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, calificó de «despropósito» el superávit del Ayuntamiento y pidió que este saldo positivo «se invierta de verdad en las necesidades prioritarias de los barceloneses y no sea sólo postureo».