La asociación catalana de víctimas liderará las acusaciones populares contra los CDR

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas aglutinará al resto de acusaciones populares en la Audiencia Nacional contra el sector más radical y violento de los CDR.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) aglutinará en torno a su representación letrada, que ejerce el abogado José María Fúster-Fabra, al resto de acusaciones populares en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el sector más radical y violento de los Comités de Defensa de la República (CDR). El magistrado Manuel García Castellón ha admitido un recurso interpuesto por dicha agrupación y ha determinado que ejerza como “primera acción popular”. En la resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor asegura que al ser Acvot “la primera en personarse y mostrar su intención de ser parte en el procedimiento”, y una vez abonada la fianza de 1.500 euros estipulada, “por razones de operatividad” debe ser la misma la que agrupe al resto de asociaciones que han pedido personarse en la causa que llevó a prisión a siete integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR. Siempre y cuando, precisa el juez, el resto de acusaciones -que disponen de cinco días para recurrir esta decisión- “no puedan justificar la defensa de intereses diferentes las unas con las otras”.

García Castellón revoca así el auto en el que acordó que fuese la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la que ejerciera ese papel preponderante en la acción popular. Ahora, si esta resolución se convierte en firme, la representación letrada de Acvot agrupará también los intereses no solo de la propia AVT, sino también los de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación Unificada de Guardias Civiles, Dignidad y Justicia, Vox y Manos Limpias.

De momento, tanto la AVT como la AEGC tienen intención de recurrir el auto del juez.

En un comunicado, la AEGC sostiene que su asociación, representada por el letrado Jorge Piedrafita, fue la primera en personarse y defiende que su interés en la causa es “diferente”, defender a los guardias civiles y a sus familias, “quienes son los amenazados directamente por los CDR ya que tenían como objetivo atentar contra distintas casas cuartel según la información que ha trascendido”.
En la resolución en la que acordó la prisión provisional de siete miembros de los CDR detenidos, el magistrado enmarcó las actuaciones de todos ellos en una “estrategia global del movimiento independentista radical más combativo” dirigida a lograr “la materialización de la República Catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas”. Según García Castellón, pertenecen al “sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT”, de los CDR, a quien achaca la ejecución de acciones “directas encubiertas, subversivas y violentas”. De hecho, en esas resoluciones se constata que en los registros practicados en algunas viviendas de los encarcelados se hallaron todos los materiales necesarios para fabricar tres tipos de explosivos: amonal, amosal y ANFO, además de una anotación con indicaciones para fabricar Goma 2.