La modificación de la ley de caza que permitirá evitar la suspensión cautelar de la actividad cinegética en la Comunidad, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sigue adelante su trámite en las Cortes.

PP, PSOE y Ciudadanos cerraban filas en defensa de una actividad que mueve al año más de 5.500 millones de euros y emplea a más de 8.000 familias. Si bien, la iniciativa se aprobaba entre duros reproches por parte del procurador de IU-Equo, José Sarrión, quien denunciaba que en la nueva norma se recoja un listado de especies que se pueden cazar sin estudios de censo ni de sobrepoblación, «con lo que se vulneran las directivas de la UE sobre las aves», apuntaba.

El más vehemente en su intervención era el popular Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguraba que «sin la caza no se entendería nada en esta Comunidad» y advertía de que el problema no es esta actividad o los toros, sino la libertad. «Está en riesgo la convivencia, la libertad y el respeto a las ideas ajenas», decía el procurador y candidato del PP a la Junta, mientras denunciaba el «sectarismo» existente entre los ecologistas y Sarrión, a los que pedía «que quiten sus manos que manchan nuestra tierra».

Fernández Mañueco, además, avanzaba que en la próxima legislatura se blindará la caza por ley. A esta propuesta se sumaban todos los partidos, ya que coincidían en la necesidad de elaborar una nueva Ley, consensuada. De hecho, el líder de IU aseguraba que está a favor de la caza pero siempre y cuando esté profundamente legislada y regulada.

Tras el debate, cientos de defensores de la caza se concentraban en las puertas de las Cortes para defender el valor social, económico, histórico y cultural de la actividad cinegética, así como pedir respeto y libertad para la caza y denunciar que ya está bien de acoso y opresión a los cazadores.

De hecho, en la protesta también se insinuaba que existe en la actualidad una cierta contaminación en la Justicia por parte del mundo animalista . «No es normal que todas las sentencias vayan en contra del medio rural», decía Felipe Yagüe, presidente de la Oficina Nacional de la Caza.

Huida hacia adelante de los ecologistas

Para el consejero de Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la denuncia d e los ecologistas contra la Mesa de las Cortes al entender que prevarica por permitir el debate de la modificación de la Ley, «es una huida hacia adeante de los animalistas en una carrera loca que no sabemos a dónde nos lleva». «Están en juego los intereses de la Comunidad, tanto económicos como de salud animal y humana y seguridad vial», decía.

En una sesión intensa, las Cortes aprobaban también modificar la Ley de Urbanismo, para que los proyectos de minería no energética puedan abrirse en suelos rústicos protegidos, así como la Ley de Carrera Profesional para los 85.000 empleados públicos de la Comunidad y los 9.700 de la escuela concertada, que será convocada con un coste de 75 millones.

Igualmente, se daba luz verde a la modificación de la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que asumirá a veterinarios y farmacéuticos como personal sanitario , y se creaba la figura de médico de cuidados paliativos, que afectará a unos 40 facultativos, al cambiar la Ley del Personal Estatutario del Servicio de Salud.