Núñez reduce la rama política de la «macrocausa» de los cursos a una teoría conspiratoria

Critica la forma de operar de Alaya y el PP, y confirma el carpetazo a una causa que se armó, según ella, sobre una hipótesis de la Guardia Civil

Carpetazo y abismo respecto a Mercedes Alaya confirmados. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha vuelto a censurar la «dinámica» de trabajo o el «criterio operativo» empleados por su antecesora al frente del órgano judicial para armar las «macrocausas». Si hace unos días la acusó de iniciar «la casa por el tejado», al resolver un recurso en el proceso centrado en los avales que concedió la agencia IDEA de la Junta, la misma idea le ha servido esta vez para rechazar otro de reforma que interpuso el PP-A y ratificar el archivo de la llamada pieza política del caso de los cursos de formación. Y no sólo Alaya es el objeto de sus dardos. Núñez sostiene que la investigación a la que ha puesto punto final nació sobre una «hipótesis» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expresada en un atestado tras analizar informes de la Cámara de Cuentas y de interventores sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). ¿Cuál? El que las irregularidades administrativas detectadas en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones públicas para los cursos «eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE», de «una organización criminal», de «una asociación ilícita», que «comprendía toda la comunidad». O, dicho de otro modo, la dirección general del SAE y las delegaciones provinciales «de forma concertada y bajo instrucciones especificas, que nunca se pudieron demostrar, beneficiarían a determinadas empresas o entes», configurando la «red clientelar» atisbada por Alaya y dando lugar, «de forma consciente, a la malversación del erario público», recoge la jueza en su auto de ayer.

Desde esa premisa se realizaron registros, detenciones y se intervinieron expedientes. Si bien, para Núñez, no se deben comenzar causas penales «desde la interpretación» de estudios de la Cámara de Cuentas y de la Intervención llevados a las actuaciones en las que «se recogen la existencia de irregularidades administrativas» con el fin de, a partir ahí, «elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas», como la sostenida, a su juicio, en el caso de los cursos con el aval «también», del PP-A, acusación y tercer actor implicado en la ráfaga de críticas lanzada por la instructora.

«Si no se denuncia el ilícito penal por los interventores, que son quienes examinan la actuación administrativa, cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la Intervención», se pregunta Núñez en su auto. Y no sólo reduce a mera especulación conspiratoria la rama política del caso que afectaba a más de una veintena de ex cargos de la Junta, Núñez defiende que investigaciones como ésa «pueden causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada», a quienes dejaron de recibir formación necesaria y a los ex directivos afectados, «cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso», desgrana la magistrada.

Asevera en su resolución, consultada por LA RAZÓN, que los jueces no trabajan «con papel sino con personas» y que detrás de «cada expediente o proceso hay familias», por lo que «no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento –premisa copiada a la Fiscalía Anticorrupción– sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida», dispara en este caso al PP. A este partido le recuerda que el Ministerio Público lo culpó de «enmarañar» y «confundir», además de tratar de insuflar aliento al procedimiento con cuestiones como que había unas dependencias administrativas del SAE precintadas por la Guardia Civil, y le repite que no se le denegaron copias de las declaraciones de los interventores, como aseguraron los representantes procesales de los populares. No se queda ahí. Le afea el haber planteado mal su recusación, de haberlo hecho al margen de la legalidad vigente, y suma incluso unas declaraciones del presidente del PP-A, Juanma Moreno, en las que niega que su formación la pidiera. Para la jueza, su estrategia ha sido fallida y nada se ha demostrado, por lo que ratificó el archivo.