«No se debía pagar» a las empresas de la Sierra Norte, según PwC

Un letrado de la firma señala que las ayudas a Rosendo y Sayago carecían «de sentido» y una abogada de Garrigues dice que la Junta «quería un paraguas» para dar las ayudas a empresas «con urgencia»

«Cabía la posibilidad de revisión de oficio o solicitar el reintegro de las ayudas». La Sierra Norte, la comarca de Andalucía más beneficiada por la partida 31L, en el punto de mira. El abogado de PricewaterhouseCooper (PwC) Abelardo Bracho señaló que en el informe que la Junta les encargó en 2009 para revisar las ayudas del «caso ERE» su «consejo» fue dejar de pagar las concedidas a empresas de la Sierra Norte porque dudaban de que «tuvieran sentido». Por su parte, la ex letrada de Garrigues Alicia Ruiz de Castro, que en 2009 elaboró un informe encargado por el director general de Trabajo Juan Márquez para revisar el sistema de concesión de las ayudas, señaló que «quería un paraguas» para dar ayudas a empresas «con urgencia». «No sólo no había procedimiento sino que no había nada», declaró.

El director general de Trabajo en 2009, Juan Márquez, también encargó a PwC un informe de la viabilidad de las empresas turísticas, los productores artesanales y alimentarios de la Sierra Norte, para lo que se analizaron cinco expedientes de ayudas otorgadas por el anterior director de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Bracho destacó que todas las ayudas estaba «vinculadas» a los nombres de José Enrique Rosendo, ya fallecido, y José María Sayago, cercanos al PSOE. Todas eran de «reciente creación» y «en muchos casos sin trabajadores». Los expedientes indicaban que las ayudas eran «específicas e incondicionadas». No constaba solicitud ni memoria justificativa. En el informe se subraya que «no se debía pagar» a estas empresas por la «concentración» de ayudas en el conglomerado de Rosendo y Sayago, quienes llegaron a percibir 34 millones. «Las características de las empresas nos hacían dudas de que esas ayudas tuvieran sentido». «No recuerdo que hubiera solicitudes, ni memoria justificativa de las ayudas», dijo.

Previamente, Juan Luque continuó con su interrogatorio, señalando que no sabía «lo que conocían los agentes sociales» y defendiendo que «las transferencias han sido fiscalizadas de manera correcta completamente». «La cuestión no es qué se gastaba sino cómo se gastaba, al parecer», explicó, aludiendo a la posición de la Fiscalía y acusaciones como de «una máquina de fabular». El pensamiento es muy poderoso, la dialéctica, cuenta con una apariencia de rotundidad lógica inapelable, pero creo que los hechos son más sencillos: no se dijo nada porque las transferencias eran suficientemente conocidas», argumentó. Luque apuntó que «las transferencias por si mismas no dan agilidad a nada, es la ejecución del gasto y la forma insólita que se produce la que da agilidad al tema, si con esa fórmula se evitan determinados trámites extramuros del proceso, claro, se agiliza». «Por causa de una transferencia no puede existir desfase financiero», dijo. Joaquín Baños –que junto a María José Cañete y Carmen Gómez Laguillo, participó en la comisión de información de la Consejería de Empleo para revisar en 2012 las ayudas– detectó diferencias entre los expedientes tramitados en la época de Guerrero, con «escasa» documentación, y los de la etapa de Márquez, «más completos, más estructurados y más documentados». Los tres apuntaron al desorden, la falta de solicitudes o memoria justificativa, así como la presencia de intrusos en las pólizas, siendo detectados en esta primera revisión 72 y, posteriormente, 112, frente a los 5.800 o 5.900 beneficiarios legítimos.