Mutis de la Junta sobre el coste de la defensa de altos cargos investigados

El Ejecutivo responde a una batería de preguntas escritas de Teresa Ruiz-Sillero aludiendo a la Ley de Protección de Datos

El Gobierno andaluz se niega a hacer público cuánto se gasta en la defensa de altos cargos que están incursos en procesos judiciales. El PP insiste desde hace meses, pero la Junta sigue custodiando este dato en secreto. La diputada Teresa Ruiz-Sillero ya le preguntó por este asunto el pasado 31 de mayo en comisión parlamentaria al vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Jiménez Barrios, quien negó que existieran cargos imputados por «corrupción política» . Sólo admitió un abono de 18.000 euros para la defensa del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, investigado en el caso de los ERE fraudulentos. Y dijo estar a la espera de que el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo –investigado en los ERE y en Invercaria– pasara el gasto de su defensa jurídica. Ruiz-Sillero lanzó también una batería de preguntas escritas insistiendo en los mismos pagos. Y esta vez el vicepresidente de la Junta se blinda esgrimiendo la Ley de Protección de Datos.

Ruiz-Sillero planteó por escrito una serie de preguntas concretas: a cuántos altos cargos investigados en procesos penales les ha abonado la Junta su defensa jurídica, a cuánto ha ascendido este montante, cuántos están siendo defendidos por letrados del gabinete jurídico del Ejecutivo andaluz –hay que recordar que el PP también ha denunciado que el gabinete jurídico pasó a asumir directamente la defensa de Vallejo en Invercaria–, qué consejería otorgó la autorización para cada alto cargo y en qué fecha, y qué altos cargos disponen del derecho de ser defendidos por abogados contratados por la Junta.

A todas estas preguntas, la Junta responde, según apareció publicado ayer en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, esgrimiendo el artículo 7.1 del Reglamento de la Cámara, que alude a la garantía de la protección de datos. Y alude también a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Según señala la Consejería de Presidencia, en referencia a la citada normativa, «esta administración no cuenta con el consentimiento de los posibles interesados para ceder la información solicitada, ni dispone de un instrumento jurídico o marco legal que le habilita para solicitar dicho consentimiento». De hacerlo, «la Junta vulneraría las garantías legalmente establecidadas».