Libre de los ERE un sindicalista que admitió reuniones con Guerrero

Núñez da carpetazo a lo actuado contra el representante de CC OO, en contra del criterio de la Fiscalía, que advirtió de su participación en la negociación de todas las pólizas ligadas a Iamasa

La Fiscalía Anticorrupción se oponía, pero se ha dado carpetazo. Una de las piezas de la «macrocausa» de los ERE presuntamente fraudulentos rota en torno a las ayudas individuales concedidas por la Junta a ex trabajadores de la empresa Industria Auxiliar para Maquinaria y Automoción SA (Iamasa). Se suscribieron dos pólizas de renta colectiva que fueron abonadas de forma íntegra por el IFA, luego agencia IDEA, entes pagadores del Ejecutivo regional. El Ministerio Público advirtió al juzgado instructor de que la menciona sociedad carecía de empleados en el periodo investigado de 2000 a 2010 y que los beneficiarios de esos fondos «no procedían de ERE extintivo alguno de la empresa», aunque no hubo lo que se ha bautizado como «intrusos». Le trasladó también que los 14 trabajadores afectados estuvieron ligados a Iamasa hasta 1998 y luego 14 de ellos fueron recolocados en otra entidad del sector, Fatinsa, y al cierre de ésta, nueve fueron movidos a Linametal hasta marzo de 2005; otro operario fue a parar a Gestamp; y dos más a Dhl Exel Supply Chain. Los últimos dos percibieron la prestación por desempleo, como más tarde harían los doce restantes al finalizar su relación laboral con el rosario de nuevas mercantiles.

La Fiscalía defendía que en las dos pólizas se garantizó una renta vitalicia «al margen de la pensión que les correspondiera, al llegar a la edad ordinaria de jubilación» y que en la negociación de todos los convenios –incluso en la del intento de un último fallido para ampliar en tres el grupo de ex operarios agraciados– participó como presidente del comité de empresa y representante del sindicato minero-metalúrgico de CC OO el investigado Román Muñoz. Es más, según Anticorrupción, en la segunda póliza, suscrita con Vitalicio, «figura como tomadora la federación minero-matalúrgica» del sindicato. Una argumentación que no ha servido a la instructora del «macroproceso», que lo ha librado de las piedras en el pecho. La jueza María Núñez ha decretado, vía auto fechado el pasado 30 de abril, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el sindicalista. En su resolución, a la que accedió LA RAZÓN, la magistrada expone que, en efecto, Román reconoció en su declaración «haberse reunido tanto en la delegación provincial de Trabajo e Industria como en la Consejería de Empleo con el delegado» y con el ex director general del ramo y uno de los sospechosos habituales de los ERE Francisco Javier Guerrero, para «intentar buscar una solución a los trabajadores de Iamasa que como consecuencia de su cierre se quedaban desempleados». Si bien, la magistrada se agarra a un auto de la Audiencia de Sevilla para sostener que «al ejercicio de sus funciones como delegado del comité de empresa, la mera reunión» con los mencionados directivos con el fin de «dar solución a sus compañeros quienes, realmente, quedaron» en el paro «con una edad en la que tenían dificultades para encontrar empleo», no se puede atribuir «la condición de inductor o cooperador necesario en la comisión de un delito de prevaricación o malversación». Ello si no se añaden a dichos hechos «otros en los que hubiera podido intervenir» y que permitieran «deducir el conocimiento de la existencia de un posible procedimiento irregular o una posible ilícita procedencia de los fondos». Desde ahí, Núñez suma que no habiendo «otras personas sobre las que exista el más mínimo indicio de responsabilidad penal que justifique su investigación en la causa», dado que ella misma excluyó a Guerrero y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, procede acordar el archivo de las actuaciones. El vaciado de cargos en los bloques de los ERE tiene ecos.

Antonio Fernández se anota otra baja

Continúa el goteo. La instructora del «caso ERE», María Núñez, ha acordado excluir al ex consejero de Empleo Antonio Fernández de otra de las piezas en las que desbrozó la «macrocausa», en concreto la que giraba en torno a los 8,4 millones de euros en ayudas que la Junta concedió a empresas del sector del corcho ligadas al ex alcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. La magistrada ha estimado el recurso de la defensa de Fernández que pidió el archivo al estar ya éste siendo enjuiciado en la pieza política del caso.