«Las ayudas son ilegales por multitud de indicios»

El jefe de delincuencia económica de la UCO apunta a «un procedimiento para saltarse la fiscalización previa». «Hay mil cosas irregulares», sostiene

«A juicio policial hay un procedimiento para saltarse la fiscalización previa o crítica, y ya está». Con esta contundencia resumió el «caso ERE» el comandante de la Guardia Civil responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO), en su segundo día de declaración como testigo. «Las ayudas son ilegales por multitud de indicios. Hay mil cosas en este procedimiento irregulares». El mando policial fue más allá, en contra de lo declarado previamente por los 22 ex altos cargos de la Junta señalados, asegurando que «si hubiesen querido lo hubieran normalizado (el procedimiento)». «Hay una multitud de actores que a juicio policial parece que conocen prácticamente todo», sentenció. «Por parte de algunos actores, en determinados momentos parece que quieren dotar de norma a este procedimiento pero no por los que tienen capacidad de hacerlo», apuntó, añadiendo que «consejero y viceconsejero (de Empleo) querían huir del derecho administrativo» a la hora de conceder las ayudas y, así, nació el llamado «procedimiento específico» que se juzga en la causa y que conlleva los cargos generales de malversación y prevaricación por, como poco, distraer, una partida, la 31L, que congregó al menos 741 millones en una década para ayudas a empresas en crisis y trabajadores prejubilados. Este sistema, señaló el día previo, «no lo idea el señor Guerrero», sino que «le viene dado» por «superiores».

El interrogatorio fue uno de los más tensos, con el magistrado Calle Peña teniendo que intervenir en varias ocasiones durante las 4 horas de testifical. Aparte de la tensión, el testigo, señalaron fuentes del caso, sufría un cólico nefrítico. La tirantez se reflejó en diálogos como el mantenido con el abogado Juan Carlos Alférez, defensa de del ex director de IDEA Jacinto Cañete. «Sitúese». «Estoy situado desde ayer». «Lleva un día situado, entonces». «Día y medio». Las defensas trataron de sembrar dudas sobre el papel desempeñado por la Guardia Civil en la investigación –se llegó a acusar al Cuerpo durante la Instrucción de ser el brazo ejecutor de las teorías de Alaya, en contraposición de la Policía Nacional, marginada en la causa– y sobre los conocimientos técnicos de uno de los principales autores de los atestados.

El cerco a la relación de confianza entre Alaya y los agentes llegó al punto de que el abogado Miguel Delgado –representante del ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano– cuestionó si durante el medio año de baja de la jueza Alaya durante la instrucción (entre septiembre de 2012 y marzo de 2013) se reunió con ella en su domicilio y hablaron del caso. «He ido personalmente a verla, a interesarme por ella, creo que es una persona que lo ha pasado mal», dijo el comandante, admitiendo en principio, sobre si trataron el caso, que «evidentemente está en el procedimiento y es lógico que habláramos algo con ella». Posteriormente negó que en el domicilio de la magistrada hablaran de la causa. «Me interesé por ella, me ha recibido la pobre en su casa», reiteró el agente.

Según el investigador, en el Gobierno andaluz «había al principio unas subvenciones que se fiscalizaban, hubo un problema con la fiscalización previa, no se podían dar con agilidad y se adoptó este sistema». Las transferencias de financiación (por las que la Consejería de Empleo, que concedía las ayudas, pasaba dinero al ente pagador IFA/IDEA) eran, explicó, «un elemento más» para eludir la fiscalización. «Lo que hace IDEA es pagar, a veces sin convenio, como en el 99», señaló. El Guardia Civil indicó que «si no se paga no hay ningún tipo de menoscabo ni posible malversación». «El otorgamiento de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo sin la conexión con los pagos de IFA/IDEA no tendría sentido», argumentó.

El comandante –que aludió a las dificultades de la investigación porque «faltaba mucha documentación»– citó durante su declaración «una nota de Ramón Díaz Alcaraz» al director general de Trabajo (Francisco Javier Guerrero) en la que, «aproximadamente», decía: «(González) Mata (alto cargo de Uniter) ha insistido en el pago al consejero». Posteriormente, explicó, «se firmó el convenio» correspondiente.

El testigo de la Guardia Civil manifestó que existen «multitud de indicios» para defender la tesis de la «ilegalidad» como la ausencia de solicitud de las ayudas, la existencia de «conseguidores», «pagos cruzados» con los que se abonaban pólizas de prejubilación de unos trabajadores con partidas inicialmente destinadas a otros o «pagos» de mediadores al director general de Trabajo.

En relación a la Orden Ministerial de 1995 que da amparo a las subvenciones según los altos cargos que ya han declarado, el investigador mantuvo que «no es de aplicación» en las ayudas de la Junta. En cualquier caso, «si fuese de aplicación no se cumple ni lo que marca esa orden». «Lo que había al principio eran unas subvenciones que se fiscalizaban, hubo un problema con la fiscalización previa, no se podían dar con agilidad y se adoptó este sistema», señaló el testigo. Cuando fue cuestionado sobre por qué, a pesar de que hubo varios decretos y borradores que llegaron hasta el consejillo e incluso al Consejo de Gobierno, no se aprobó una norma reguladora, señaló: «La pregunta es ésa. ¿Por qué no?». En su declaración previa, el investigador de la Benemérita señaló no sólo el ex presidente de la Junta Gaspar Zarrías, sino a todo el Gobierno andaluz, al decidir implantar el sistema de los ERE. Hoy declarará el Guardia Civil que realizó el atestado entregado al Supremo. También están citados el ex presidente del IFA Salvador Durbán, el ex director de Relaciones Colectivas de Empleo Juan Manuel Domínguez y el ex secretario general del ente Plácido Conde Estévez.