La lista de espera para una vivienda protegida supera las 141.000 personas

La demanda de una vivienda a un precio asequible sigue siendo una de las prioridades en Andalucía. Son 141.886 personas las que hasta octubre la han solicitado a través del registro público de demandantes de vivienda protegida (VPO), una herramienta concebida para radiografiar la realidad y establecer las actuaciones necesarias por parte de las administraciones. Al menos, en teoría. Porque en el transcurso del año la lista de solicitantes de pisos de protección oficial se ha incrementado en 13.600 personas y las acciones para darle respuesta son escasas.

Pese al «clamor», el Plan autonómico de Vivienda 2020 apenas se detiene en esta parcela. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda lo justifican asegurando que dichas competencias atañen a los ayuntamientos, que deben desarrollar sus propios planes municipales. La actuación autonómica en los dos últimos años ha consistido en promover 141 viviendas, para lo que ha destinado 7,8 millones de euros –ubicadas en Cádiz, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Almería y Montoro–. Su intervención se ha centrado en ayudas directas para el pago del alquiler a familias vulnerables: en ello ha empleado 19 millones desde 2015; el presupuesto para este ejercicio es de 16,3 millones.

Lo que sí compete directamente a la Junta es cumplir los compromisos que el PSOE planteó en su programa electoral. El documento recogía que «los socialistas andaluces nos proponemos actuar en la reactivación del mercado inmobiliario, con medidas para dinamizar el stock de viviendas no habitadas y la puesta en marcha efectiva del registro de viviendas deshabitadas». En esta línea, proseguía asegurando que «para facilitar el acceso a la vivienda, incrementaremos el parque público, tanto mediante la adquisición de la propiedad como mediante la adquisición del derecho de uso de viviendas no habitadas que componen las grandes bolsas improductivas en manos de entidades financieras, flexibilizando el régimen de calificación de viviendas protegidas y favoreciendo el alquiler como destino de las viviendas que componen el parque público de las distintas administraciones andaluzas». De momento, solo se ha materializado la cesión de 400 pisos por parte de la Sareb –la entidad conocida como el «banco malo»–, que Fomento debe encargarse de rehabilitar para destinar a alquiler social.

Desde 2010, los ayuntamientos están obligados a crear y actualizar sus registros, que gestionan de manera independiente. Una consulta al citado registro, con datos actualizados hasta octubre, muestra una evidencia: existe una flagrante necesidad de vivienda y además en alquiler. El tradicional deseo de adquirir una casa propia se ha volatilizado a causa de las circunstancias económicas de los solicitantes: el 62% tienen unos ingresos por debajo del IPREM, menos de 532 euros al mes; solo uno de cada cuatro opta por adquirirla. La promoción de pisos protegidos permanece estancada. El último censo sobre stock de vivienda nueva, referido a 2015, detectó 79.042 sin vender repartidas por toda la comunidad. Almería, con veinte mil, es la que más acumula –es la octava provincia a nivel nacional–; seguida de Cádiz (12.000) y Sevilla (14.784). En Huelva la oferta apenas supera las dos mil. En cuanto a viviendas vacías, Almería, Granada y Jaén se sitúan entre las diez provincias de España con más casas vacías. Andalucía alberga el 18,5% del total, 637.000, según el último Censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta estadística se incluyen tanto las desocupadas o abandonadas como las que están listas para la venta o el alquiler.

El vuelco se percibe en situaciones como las que se producen en Granada o Sevilla, donde hay viviendas de VPO en venta disponibles. Atrás quedaron los multitudinarios sorteos en los que se equiparaba el ser agraciado con una VPO con el Gordo de la Lotería de Navidad, con la diferencia de que el piso llevaba aparejada una hipoteca a pagar. Otras iniciativas municipales subvencionan directamente el alquiler. Es el caso de Málaga, donde existe un registro de viviendas para arrendamiento que garantiza el pago para los propietarios, adelantando el primer año.