La Junta «reta» al resto de regiones a ofrecer universidad gratis

La matrícula se bonificará a partir del segundo año. Los estudiantes de FP y de primer año deberán seguir pagando

Ni el primer año en la Universidad ni la Formación Profesional entran en los planes inmediatos de la Junta para extender la gratuidad a toda la educación. De momento, serán los universitarios, y solo a partir de su segundo curso, los que se beneficien de las bonificaciones a la matrícula en función de los aprobados, que pueden llegar al 99% siempre que se apruebe a la primera. A partir de septiembre, entrará en vigor.

La medida fue anunciada la semana pasada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sin aportar información sobre cómo se articularía, aunque su coste se estimó en 30 millones de euros. Ayer el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, lo explicó detalladamente: por cada crédito aprobado, se bonificará otro en el curso siguiente –las asignaturas suman un número determinado en función de las horas lectivas–, pero habrá que pagar previamente un curso completo para poder optar a ello. El objetivo, dijo, es extenderlo a todo el sistema educativo, «imposible» de momento por motivos económicos.

Otras comunidades autónomas –«de todos los colores políticos», apuntaron– se han interesado por la aplicación de esta fórmula que reduciría considerablemente el desembolso de los estudiantes, aunque Arellano negó que vaya a producirse un «efecto llamada» de estudiantes atraídos por esta oferta. El consejero lo comparó con el impuesto de sucesiones y donaciones, al tratarse de una competencia estatal que las comunidades pueden bonificar al 99%. Por ello, retó a los gobiernos central y autonómicos a que «armonicen los precios en todo el país, pero que se haga a la baja».

Andalucía es la que mantiene las tasas universitarias más baratas –un curso cuesta de media 756 euros frente a los tres mil en Cataluña–, pero el consejero llamó la atención sobre el coste relativo de los estudios: es la segunda más cara de España en relación a la renta per cápita (supone un 7%). También es la que menor porcentaje de financiación por tasas tiene, el 16% de su presupuesto –en Cataluña alcanza el 33%–. El consejero insistió en que la bonificación no supondrá ninguna merma para las universidades y estará garantizada por ley en los presupuestos a partir del próximo año.

En este curso son 201.000 los matriculados en las diez universidades públicas y el 75% cursan sus asignaturas por primera vez. De los cincuenta mil alumnos matriculados en primer curso, el 40% tiene beca. Ramírez de Arellano aclaró que incluso quienes pierdan su beca de matrícula por no haber cumplido con el requisito de aprobar las asignaturas exigidas por el Gobierno podrán acogerse a la gratuidad en el curso siguiente. El consejero destacó que la Junta aportará el dinero necesario para bonificar a todos los aprobados, incluso si se superara esa previsión e incluyendo los másteres.

«Las becas no deben ser un premio, sino una cuestión de calado social», señaló Arellano, que afeó los recortes presupuestarios ejecutados por el Gobierno en los últimos años. Como ejemplo, citó que «si se recuperara el nivel de gasto de 2010 de las comunidades autónomas, todos los estudiantes de España podrían ir gratis a la Universidad». El ex rector de la Hispalense defendió que esto permitiría que la cuantía total de las becas se destinase a apoyo a alumnos con menos rentas–actualmente el 40% de esos 900 millones es para pagar la matrícula–.

La disonancia con los rectores continúa de fondo pese a la bondad de la iniciativa. La aprobación del nuevo modelo de financiación continúa sin fecha. Sobre el aumento de presupuesto necesario para 2018, indicó que los rectores están aún cuantificando el coste que supondría la recuperación de los derechos laborales del profesorado, cuya promoción se estancó en 2012. Los 228 millones que les debe la Junta son otro de los escollos a superar.

Arellano detalló que «en un par de días» recibirán el primer borrador del decreto de precios de las universidades públicas –que cada año aprueba el Consejo de Gobierno–. Frente a las dudas sobre de dónde procederán los 30 millones extra, restó importancia al asegurar que solo suponen el 2% de la aportación pública, obviando que ese porcentaje es el doble de la subida presupuestaria de este año.