La Junta incumple el calendario legislativo pactado con Ciudadanos

Los proyectos de ley de Formación Profesional y de Agricultura no iniciarán su tramitación parlamentaria este mes

La presidenta de la Junta y el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, se reunieron el pasado 24 de mayo en el Palacio de San Telmo para evaluar el ritmo del acuerdo de investidura suscrito entre Cs y PSOE y trazar una hoja de ruta de cara a la negociación de los Presupuestos de 2018. De ese encuentro salió el esbozo de unas líneas principales que se encargaría de concretar una delegación de ambos partidos. Así fue. El 5 de junio se sentaron a un lado de la mesa Juan Marín junto al coordinador regional de la formación, Manuel Buzón. Y al otro, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. Pactaron un calendario que reservaba para el mes de septiembre la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley de Agricultura y de Formación Profesional. Pues bien, ni una ni otra ley comenzarán este mes su tramitación parlamentaria. Ciudadanos está empezando a perder la paciencia por el escaso rigor del PSOE respecto a las fechas comprometidas.

El único Consejo de Gobierno que queda este mes es el del próximo martes 26. Ya no da tiempo a que la Junta apruebe estos dos proyectos normativos, dado que aún no han sido ni siquiera remitidos al Consejo Consultivo para que emita su dictamen jurídico, un paso que es de obligado cumplimiento. De momento, este órgano tiene el próximo pleno ordinario fijado para el 5 de octubre. El único proyecto de ley que está sobre la mesa para dictaminar es el de cambio climático.

El enfado de Ciudadanos viene de lejos. Juan Marín anunció en una rueda de prensa en el Parlamento a finales de marzo, coincidiendo con el paso del ecuador de la legislatura, que o la Junta metía «la sexta marcha» y aprobaba una serie de medidas para la reactivación económica o estaba dispuesto a retirar el apoyo de los ocho miembros de su grupo parlamentario. Ésta ha sido hasta el momento la intervención más vehemente de Juan Marín. Y sus palabras, justo en un momento en el que Susana Díaz allanaba el camino de Madrid, sonaron a ultimátum. El dirigente de Ciudadanos aseguró que para el mes de julio debían estar en tramitación tres leyes, incluidas en los 70 puntos del acuerdo entre PSOE y Cs que propició la investidura de Susana Díaz. Esto es, la Ley de Agricultura, la de Formación Profesional, y la de Mecenazgo, además de la Oficina Antifraude. La Oficina Antifraude sí ha dado los primeros pasos, pero las otras tres leyes siguen en el cajón.

La fecha de julio quedó olvidada. Susana Díaz y Juan Marín se reunieron en el Palacio de San Telmo sólo tres días después de que la presidenta de la Junta perdiera las primarias frente a Pedro Sánchez en el mes de mayo. Aparcado definitivamente el vuelo nacional de Susana Díaz, sólo le quedaba un camino: centrarse en Andalucía, «currar» –según sus propias palabras–, y evitar sobresaltos de cara a las elecciones de 2019. Y de ahí salió el compromiso ya citado del mes de septiembre. En estos momentos, no obstante, la negociación del presupuesto está centrada en la condición previa expresada por Ciudadanos de eximir del pago del impuesto de sucesiones a las herencias de hasta un millón de euros. Aunque fuentes de Ciudadanos señalaron a este periódico su malestar por el incumplimiento del cronograma pactado, entienden que ha habido tiempo más que suficiente para llegar en plazo, por lo que seguirán apretando –aducen– para que no se demoren los compromisos.

El incumplimiento que más malestar causa a los socios de investidura es el de la Ley de Formación Profesional, anunciada por la Junta en el año 2014. Ciudadanos aboga por la implantación de la Formación Profesional dual y se ha quejado en reiteradas ocasiones de la falta de correspondencia entre oferta y demanda en la FP. De hecho, en el curso pasado se quedaron sin poder cursar Formación Profesional un total de 30.000 alumnos. Fue una de las iniciativas legislativas en la que insistió más Juan Marín en su comparecencia de marzo cuando reclamó esa «sexta marcha» para que Andalucía acelerara su ritmo de bajada del paro y de crecimiento económico.

Respecto a la Ley de Agricultura, conviene recordar que el incumplimiento se remonta a un lustro. Esta ley la prometió el ex presidente José Antonio Griñán en su último discurso de investidura del 2 de mayo de 2012. Era un claro guiño a Izquierda Unida para preparar el terreno de la coalición de gobierno.

El trabajo, por tanto, se va acumulando. Según el calendario acordado por PSOE y Ciudadanos, el Consejo de Gobierno debe dar luz verde entre octubre y noviembre a los proyectos de ley de Sostenibilidad de la Sanidad Pública y de Atención Temprana, cuyo inicio de las conversaciones se fijó también para el mes de septiembre. Oficialmente al menos, tampoco ha comenzado este diálogo. Las dos fuerzas políticas reservaron para diciembre la aprobación de la estrategia andaluza de captación de inversiones y para el siguiente periodo de sesiones los proyectos de la ley audiovisual, de cambio climático y de violencia de género, además de la renovación del Consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Ciudadanos, al igual que Podemos, está fuera de todos los órganos de extracción parlamentaria. El Consejo de administración de la RTVA lleva algo más de tres años de manera interina. Y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, se comprometió hace un año a impulsar unas negociaciones sobre la renovación de este ente que no han pasado de la mera charla informal entre los distintos partidos. Díaz y Juan Marín también acordaron en su reunión de mayo la reforma de la Ley Electoral y la eliminación de los aforamientos, pero el horizonte de estos compromisos es para el final de la legislatura.