La Junta flexibiliza la vía para la regularización de más de 327.000 viviendas irregulares

«No es una amnistía», apunta Carazo. Las claves: que no afecte al medio ambiente y la prescripción legal

«Que nadie piense que es sinónimo de amnistía», señaló la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, acerca del Decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía. En la comunidad, la estimación es de 327.583 edificaciones no autorizadas (62.758 en Almería; 32.440 en Huelva; 48.033 en Cádiz; 44.722 en Jaén; 47.283 en Córdoba; 68.652 en Málaga; 52.927 en Granada; y 51.154 en Sevilla). «El decreto ley viene a equilibrar el territorio y dar respuesta a los dueños», señaló Carazo. Las AFO (asimilado fuera de ordenación) son viviendas, construidas sin infraestructuras de saneamiento, agua o electricidad y que transcurrido el tiempo pasaron a formar parte del paisaje, con riesgo cierto para la propia integridad de las personas en muchos casos, o afectación del medio ambiente, y que pasarán a ser legales sin cumplen unos requisitos tras años de limbo jurídico.

«Un gobierno tiene que actuar en un sentido u otro. El gobierno anterior ha estado mirando para otro lado al punto de que se han sumado 300.000 viviendas irregulares. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley de regularización de viviendas dentro de un margen de flexibilización y de regularización dentro de lo que se pueda», explicó el portavoz Elías Bendodo. Los márgenes son que «no se podrá en los suelos de especial protección, como en cauces de ríos o arroyos»; y los casos que no hayan prescrito. «La voluntad es que lo que se pueda legalizar, se podrá hacer. Es un decreto que deben fomentar los ayuntamientos para incluir en sus temas generales», añadió. Bendodo, que defendió con los Consejos de Gobierno «ya no son los martes al sol» (en referencia a la falta de inversión de la última etapa socialista) abogó por la eliminación de leyes como principio de actuación. Bendodo, tras criticar la «hiperregulación», apuntó incluso que el «plan normativo» del Gobierno «del cambio» pasa por derogar las leyes previas. Con el actual decreto ley, «la nueva norma deroga dos leyes, un decreto y una orden».

La consejera Carazo explicó que «la problemática viene de lejos» y los gobiernos socialistas han sido incapaces de resolver» desde hace 16 años con «sólo una cuarta parte de las viviendas regularizadas». Carazo criticó «el galimatías urbanístico» del PSOE que propició que «de media un plan general se aprobase en una media de 9 años». La consejera señaló que se priorizará la función inspectora y sancionadora» y que «los ayuntamientos serán una pieza esencial», ya que «deben prestar servicios públicos para que las viviendas entren como urbanizables (aunque no se precisa quién debe sufragar estos costes apelando la consejera al «sentido común» y a que los más interesados en contar con los servicios son los propietarios ahora ilegales). La vigencia del actual decreto está vinculada a la nueva Ley de Urbanismo y Suelo. «Vamos a hacer lo posible para que no se vuelva a producir este desorden y descontrol que ha imperado», defendió el Gobierno andaluz, apelando a las inspecciones como dique de un posible efecto llamada.