Guerrero se convierte en el único encausado de una nueva pieza de los ERE

Núñez deja al margen a los beneficiarios de una ayuda a Valeo Iluminación

El denominador común de la mayoría de las piezas en las que se ha fragmentado el voluminoso «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta presuntamente fraudulentos es un encausado: el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Pero ahora hay una novedad en relación a éste. La instructora de la «macrocausa», María Núñez, ha abierto una nueva separata con el ex alto cargo como único señalado, al ser quien concedió la ayuda ahora en entredicho. Se trata de una subvención excepcional de más de 3,38 millones de euros, aunque de arranque lo designado por Trabajo fueron 2,7, asignada por el Gobierno autonómico a la empresa Valeo Iluminación, radicada en Jaén, con un teórico fin: prejubilar a 51 trabajadores de la sociedad. La jueza explica en un auto, difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por LA RAZÓN, que el ERE se planteó en 2003 y fue aprobado por Guerrero a través de dos convenios, uno fechado en febrero de 2004 y otro en enero de 2009, y de dos resoluciones dictadas en noviembre de 2009.

En su auto, la magistrada, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cita a declarar al ex director general de Trabajo del Ejecutivo regional el próximo 7 de septiembre en calidad de investigado. No así, a los beneficiarios de los fondos públicos, procedentes de la mediática partida 31L, el denominado «fondo de reptiles», a los que no incluye en dicha categoría, en contra de lo que ha sido habitual en una instrucción que arrancó su antecesora al frente del órgano judicial, Mercedes Alaya. Es más, Núñez llama también a comparecer en el juzgado el mismo 7 de septiembre a dos directores de Recursos Humanos de Valeo Iluminación y al presidente del comité de empresa de la misma, pero lo hace en calidad de testigos, no como encausados.

Al margen de marcar la agenda de declaraciones, la magistrada solicita al Gobierno andaluz documentación ligada a Valeo como el expediente de reintegro de la ayuda sociolaboral investigada, así como un informe a la Dirección General de Seguros.