Guerrero alega que sus declaraciones fueron fruto de «la espada de Damocles de la cárcel»

Rehúsa ratificar las testificales por la «tremenda presión mediática y policial», a falta de pronunciarse sobre la grabada con la jueza Núñez Bolaños

«Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar», sostenía Hemingway. Francisco Javier Guerrero, el principal encausado en el «caso ERE», suma este año los 62 y tras cerca de siete de proceso judicial y seis extensas declaraciones previas ante Policía Nacional, Guardia Civil y el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, se agarra ahora a los silencios. «Señoría, me acojo a mi derecho a no declarar. No voy a contestar a ninguna de las partes salvo que mi abogado diga que conteste alguna pregunta», indicó, pasadas las 10:47 horas. El ex alto cargo señalado como epicentro del terremoto del «caso ERE» señaló a LA RAZÓN que ha recordado lo que declaró hace «un montón de años» y que lo hizo con «la espada de Damocles de la cárcel en la cabeza». Guerrero sostuvo a este diario que desde que se produjeron las declaraciones reproducidas en la sala han pasado muchas cosas en el «caso ERE» que él desconocía cuando lo interrogaron la Policía y la jueza Alaya. Cuestiones por las que la Fiscalía «ha tenido tiempo» de preguntar. Hasta ahora, Guerrero se ha negado a ratificar todas las declaraciones suyas anteriores reproducidas en la sala (de marzo de 2011 y enero, febrero y marzo de 2012). Faltan por leer otras dos, la última de ellas, de octubre de 2015, ante la jueza Núñez Bolaños grabada en vídeo de forma voluntaria, a diferencia de las otras. Un detalle que abre la posibilidad, ya que, por ejemplo, ante las primeras declaraciones en sede policial aseguró que «no recogen con exactitud» lo que dijo, a variar su postura.

El secretario judicial, en una petición de la Fiscalía Anticorrupción aceptada por el magistrado Juan Antonio Calle, leyó la declaración ante la Policía, en la que Guerrero habló de la existencia de un «fondo de reptiles» –la partida 31L cuya legalidad se dirime en este primer juicio de los ERE– y se presentó como una pieza más de un engranaje que venía de más arriba, aplicando el sistema que sus superiores le impusieron. Sobre que su suegra apareciera como beneficiaria de una póliza, indicó que se le otorgó «como a cualquier persona que me lo pidiera» y que fue la aseguradora la que decidió. Ante la Guardia Civil, destacó que la Dirección General de Trabajo «no tenía capacidad ni medios para controlar las ayudas» otorgadas y que «se dieron sabiendo que eran empresas que se iban a cerrar». Otra declaración ante la Guardia Civil se centra en las ayudas a la Sierra Norte y las conexiones del ex consejero Viera con la zona.

El interrogatorio ante la jueza Alaya le llevó a la cárcel siete meses tras responder a 145 preguntas y reconocer que alguna vez se sintió presionado y que informaba de las ayudas al Consejo de Dirección en el que se sentaban el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales. «Nadie puede decir que haya hecho nada a sus espaldas», señaló entonces. El ex alto cargo de Empleo, con gesto más serio de lo habitual –leves bolsas en los ojos, corbata negra con lunares blancos, pañuelo carmesí en el bolsillo izquierdo–, consciente de que la «espada de Damocles» de la prisión vuelve a ceñirse sobre él, alegó en todos los casos haber sufrido «una presión tremenda tanto mediática como por parte de la Policía» y que, además, lo recogido en aquellos atestados y autos no se corresponde «exactamente con lo que yo dije textualmente». Guerrero combatía los nervios atusándose la barba y en alguna ocasión se permitía sonreír, como cuando el secretario leyó el pasaje en el que había declarado que Antonio Fernández, entonces aún viceconsejero de Empleo, le instó «a darle una patada en los cojones» al gerente de IFA/IDEA para agilizar las ayudas.

El silencio de Guerrero vale por lo que calla y también por lo que dice, después de haber declarado tantas veces e implicando a tantos. «Cada hombre cuelga de un hilo y en cualquier minuto el abismo se puede abrir bajo nosotros», escribió Dostoyevski. En la bancada de los acusados y en las defensas, el silencio de Guerrero dibujaba un aire de alivio y recordaba a la definición que Romario hizo sobre Pelé: «Callado es un poeta». Anteriormente, en cada declaración Guerrero siempre ratificó su declaración anterior. Según el sumario del «caso ERE», Guerrero dispuso de forma arbitraria de 647 millones, en teoría, para empresas en crisis. Por encima de él, conoció a tres consejeros de Empleo: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Los dos últimos están encausados junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta, que suman dos décadas de poder socialista en Andalucía, entre ellos, los ex presidentes Chaves y Griñán.

En su última declaración ante el juzgado de Instrucción, el 21 de octubre de 2015, por la que aún no ha sido preguntado Guerrero, el ex alto cargo habló de un sistema «legal» y defendió que «la Junta ha actuado exactamente igual que el Estado». Entonces tanto Guerrero como su abogado señalaron que con Alaya había que responder a cuestiones concretas y no podían explicarse.