El juicio de los contratos «fantasma» con Umax se inicia con documentos de la Junta de Andalucía bajo sospecha

Las defensas plantean cuestiones previas como la supresión de uno de los delitos incluido de forma «sorpresiva»

Algunos de ellos volvieron al banquillo apenas días después de dejar su borde por el juicio de la pieza política del llamado «caso ERE». Pero se le sumaron otros. Los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina y el empresario Ulpiano Cuadrado se encontraron ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo hicieron acusados de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil en los márgenes de una causa que la instructora originaria del «macroproceso» de los ERE, la jueza Mercedes Alaya, desgajó de la matriz y dibujó en torno a unos contratos «fantasma» del Gobierno andaluz con la empresa Umax. Era el primer día de la vista oral y las defensas introdujeron una serie de cuestiones previas a modo de toma de tierra, de red para moverse. Fuentes del caso trasladaron ayer a este periódico que uno de los puntos planteados por los letrados pasó por que se podría haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa de los encausados al haberse llevado a cabo una investigación «prospectiva y carente de indicios» basada en documentación aportada por el Ejecutivo autonómico –que ejerce la acusación contra Guerrero y Márquez– y cuya fiabilidad fue puesta en duda, ya que no se ha podido acceder a la documentación original. A ello se engarzó, según anotaron otras fuentes consultadas, la existencia de lo que por parte de las defensas consideran «defectos procesales en el procedimiento» al no estar «suficientemente concretados» los hechos en los que se sustenta la acusación contra los investigados. No se han indicado, por ejemplo, cuáles son las resoluciones contrarias a derecho vinculadas al presunto delito de prevaricación o si ésta es por acción u omisión, ni si el ánimo de lucro es «propio o ajeno» en el caso de la malversación, según explicaron. Y hubo más. Algún abogado puso el foco en la aparición «sorpresiva» del último de los delitos, el de falsedad en documento mercantil, por el que las acusaciones piden hasta cuatro años de prisión y que «no es procedente porque no estaba en el auto de procesamiento abreviado», por lo que debe ser eliminado. El juicio continuará mañana con lo que resuelva el tribunal sobre estas cuestiones.

Un «círculo» de empleados cuestionado por la Fiscalía

El «caso Umax» gira en torno a pagos realizados por la Consejería de Empleo de la Junta entre 2003 y 2010 por la contratación de al menos 44 trabajadores del «círculo de amigos y familiares» del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en la que se prescindió «total y absolutamente» del correspondiente procedimiento, según la Fiscalía.