El consejero que «ojeaba» documentos

Antonio Fernández, ex titular de la cartera de Empleo y máximo alto cargo que ha pasado por prisión por el caso, se escuda en «los técnicos» y rechaza que el «procedimiento específico» se creara para evitar el control de la Intervención

«Ningún documento lo escribe el consejero o el viceconsejero». «Los reparos son frecuentes en una Administración». «Lo normal es que los servicios técnicos realicen las alegaciones». «Todo lo que iba al Consejo Rector del IFA gozaba de presunción de legalidad e iba avalado por su gabinete jurídico». La esperada declaración de Antonio Fernández, ex viceconsejero de Empleo de abril de 2000 al mismo mes de 2004 y consejero del ramo desde entonces hasta marzo de 2010, el cargo más importante de la Junta que ha pasado por prisión por el «caso ERE», se escudó en los técnicos para justificar la gestión de las ayudas a través del «procedimiento específico» –denominación usada por el propio Fernández en sus testificales ante Alaya–que se investiga en la Audiencia de Sevilla. Fernández señaló que los técnicos debían aconsejar «el camino para el pago de las ayudas mediante transferencias de dinero de Empleo a IFA/IDEA. Sobre la fórmula para pagar las subvenciones –que evitaba el control previo de la Intervención e «inadecuada» según la misma–, el ex consejero aseguró que «todo el mecanismo, ningún político, de consejero hacia arriba, ni lo sabe ni lo conoce. Ningún gobernante hace el trabajo para evitar algo que tiene su huella. No es pensable». «La gestión del Presupuesto son criterios enormemente técnicos, yo creo que en mi vida lo aprenderé», apostilló. El Ministerio Público solicita ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.

Fernández defendió que el Parlamento conocía el convenio marco de julio de 2001 donde se recogía el sistema de pago de las ayudas y que se trataba de un convenio con carácter bianual que aparecía en las memorias de las leyes de Presupuestos aprobadas en la Cámara. Según insistió, había «base normativa suficiente» para que se conocieran las ayudas, a pesar de que no se elevaban a Consejo de Gobierno los proyectos de decreto y órdenes de la Consejería de Empleo elaborados en 2001 y 2003 con el fin de regular estas subvenciones. «Era habitual que no salieran adelante proyectos», señaló. «A lo largo de mi vida he tenido la frustración de no aprobar muchas normas porque no han cumplido los trámites exigidos. No fuimos capaces de cumplimentar ese decreto igual que siete y ocho normas más, es algo que sucede habitualmente». argumentó. En este caso, cae porque «dos elementos clave carecen de ficha presupuestaria». Fernández, como hiciera ante Alaya, insistió en que «las ayudas excepcionales no están obligadas a publicidad y concurrencia». El ex consejero ratificó su declaración ante el Supremo pero no la realizada en el juzgado de Instrucción 6. «¿Leyó lo que firmó?, cuestionó el fiscal Egocheaga ante la insistencia de la remisión a los técnicos en relación a todo lo relativo a los documentos. «Normalmente los ojeaba, normalmente eran muchas o bastantes las discrepancias y no las leía todas en profundidad», declaró. Fernández admitió que «era incapaz de trabajar con fichas» y «trabajaba con resúmenes». «Tenía una información sucinta». El ex alto cargo señaló que no decidía el orden del día en IFA, ni redactaba documentos. También dijo desconocer que los trabajadores que contrataban las ayudas investigadas no fueran funcionarios, sino los empleados de UMAX, una empresa externa contratada por el ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. «La Consejería tenía entre ocho y 15 direcciones generales», relató. Sobre los jefes de servicio de la Dirección General, señaló que «los políticos pintamos poco o nada». «En la Administración hay muy pocos puestos digitales». Sí reconoció que «decide ayudar a Guerrero en el asesoramiento de la conflictividad laboral con Ramón Díaz Alcaraz» –posterior diputado socialista– pero «no en la gestión administrativa» con un puesto de libre designación, denominado por Fernández como «de refuerzo». El ex consejero siempre ha defendido la legalidad de estas ayudas. A lo largo de la instrucción ha señalado que eran «discrecionales pero no arbitrarias» y habló de los pagos del IFA como «continuidad de un modo de hacer». «Las modificaciones presupuestarias eran algo muy trillado, muy normalizado y muy 'aquietado', se cumplían las normas. Bastantes controles tenía con los que hacían los propios servicios técnicos y de intervención del IFA», explicó.

El fiscal se centró en las ayudas a Hijos de Andrés Molina y Santana. Sobre los reparos de la UE, indicó que «podía recaer como cayó en Cárnicas Andrés Molina», «no tanto por la Junta sino por denuncias de empresas competidoras». También señaló que no le «extraña que hubiera que hacer frente a salarios» de esta empresas tras la sentencia de la UE por «esa confusión entre organismo público y empresa-empresario». De Santana, especificó que «no eran empleados públicos pero poco les faltaba». A Guerrero, puntualizó, lo nombró Guillermo Gutiérrez y «Viera en general al igual que yo después, respeta de manera prudente el equipo».