El acceso a las cuentas de los partidos se quedó en el cajón de la legislatura andaluza

La diputada no adscrita se interesa por promesas de investidura de Díaz y le contestan que sus preguntas exceden la acción de la Junta

Hay legislaturas, como la que está a punto de escabullirse, que no dan para cumplir las promesas lanzadas. En el debate de investidura de 2015, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defendió que, «en la medida en que los partidos, en tanto que expresión del pluralismo de la sociedad son un instrumento fundamental para la participación política», era necesario «eliminar cualquier sospecha en cuanto a su funcionamiento o financiación». Por lo que se comprometió en el «terreno de la regeneración democrática» y entre otros asuntos, a aprobar «un paquete normativo» para obligar a esas formaciones a remitir a la Cámara de Cuentas «su estructura orgánica», «las retribuciones, si las tuvieran» y su «contabilidad», que luego se haría pública, «vía telemática» para «el conocimiento de todos los ciudadanos». El tiempo ha transcurrido y la parlamentaria andaluza no adscrita, María del Carmen Prieto, dibujó preguntas ligadas a aquel pack normativo para que el Gobierno autonómico le respondiera por escrito. Quiso saber cuándo tenía previsto la Junta darle luz, cuáles eran «las causas por las que después de tres años» no se hubiera «cumplido ese compromiso de la presidenta» o «qué medidas tiene implementadas el Consejo de Gobierno para que los cargos institucionales que perciben una retribución pública no puedan recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria», otro de los puntos que Díaz incluyó en su batería de anuncios en 2015.

A Prieto le ha contestado el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Ejecutivo regional, Manuel Jiménez Barrios, y lo ha hecho para afear a la diputada que en su «iniciativa parlamentaria», al igual que en anteriores ocasiones, según el socialista, «las cuestiones planteadas trascienden del marco de acción del Gobierno andaluz bien por tener un carácter declarativo, bien por pertenecer al ámbito de actuación de las propias formaciones políticas». A ello le hilvana, que «conforme al artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las iniciativas legales y reglamentarias que van a ser elevadas por la Junta de Andalucía para su aprobación» en 2018 «se encuentran contenidas en el plan normativo de dicho año», aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el BOJA, así como en el portal de la Junta. Y hasta ahí. LA RAZÓN ha comprobado, que más allá de lo expresado en la exposición de motivos, todos los interrogantes de Prieto se refieren a medidas incluidas en el discurso de Díaz, cuyo ámbito de actuación era y es, en teoría, Andalucía.

Otros compromisos sin cumplir

Otro de los aspectos ligados a los partidos a los que la máxima dirigente del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, contrajo la obligación de impulsar en el arranque de esta legislatura pasaba por que los ciudadanos tuvieran acceso a través de Internet «a toda la normativa interna» de aquéllos, «de sus procedimientos de control» y de «todas sus cuentas, ingresos y gastos electorales». Deberían contar además con «órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control».