Díaz fía la bajada de impuestos a las entregas a cuenta del Gobierno

La Junta elaboró los Presupuestos de 2017 sin conocer las transferencias. «No vamos a estar pendientes de lo que haga Madrid», dijo la consejera de Hacienda en agosto del año pasado

La presidenta de la Junta vuelve a ganar tiempo en la negociación sobre el impuesto de sucesiones y donaciones colocando la pelota en el Ministerio de Hacienda. Ciudadanos ha condicionado el apoyo a los Presupuestos de 2018 a una reducción sustancial de este tributo. Y Cs no salió especialmente satisfecho de la reunión que mantuvo con el PSOE en el Parlamento el pasado miércoles. Por eso, la formación naranja decidió cambiar la pregunta parlamentaria dirigida a Susana Díaz. Inicialmente, Juan Marín iba a preguntar sobre la última crisis de gobierno, pero antepuso la negociación tributaria que está en marcha y de la que Ciudadanos pretende sacar la principal conquista para vender a su electorado en las elecciones de 2019. Díaz está en manos de los ocho votos de sus socios de investidura. Para aprobar las cuentas de 2018 y para llegar con oxígeno hasta los próximos comicios. Pero ayer en la Cámara no concretó la reforma fiscal, en la que destaca el impuesto de sucesiones y donaciones por haber levantado una fuerte contestación entre la ciudadanía. La jefa del Ejecutivo fía la próxima reunión entre los dos partidos a que se conozcan las entregas a cuenta del Gobierno. Según su estimación, será a finales de este mes o principios de julio.

La respuesta de Susana Díaz llama la atención. Ciertamente, las entregas a cuenta derivadas del sistema de financiación son muy importantes porque suponen en torno al 75 por ciento de los recursos no financieros de la administración autonómica. El procedimiento es sencillo: el Gobierno adelanta los recursos a las comunidades y en función de una serie de variables, entre ellas el comportamiento de los tributos cedidos, se hace un cálculo. No obstante, conviene recordar que la Junta de Andalucía elaboró los Presupuestos de este año sin que el Ministerio de Hacienda le comunicara las entregas al no poder dar este paso –o al menos eso esgrimió– por estar en el Gobierno central en funciones. Es más, el Ejecutivo andaluz dio luz verde a su techo de gasto no financiero en julio del año pasado tomando como referencia el aprobado en el año 2013, en un contexto de crisis que nada tenía que ver con el actual. Con todo, las cuentas salieron adelante sin ningún sobresalto porque, como aseguró la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Europa Press el 28 de agosto del año pasado, aunque sería conveniente conocer las entregas a cuenta, «no vamos a estar pendientes de lo que haga Madrid».

Ahora la Junta de Andalucía sí va a estar pendiente de lo que haga Madrid. Y no deja de ser llamativo también que el líder de Ciudadanos en la región, Juan Marín, quedara esta vez satisfecho con la argumentación de Susana Díaz. Apuró los últimos segundos que le quedaban en su turno de dúplica para cogerle la palabra. «Los números cuadran y salen», deslizó el líder de la formación naranja, quien insistió en que los 379 millones de euros que recaudó la Junta por el impuesto de sucesiones y donaciones en 2016 apenas suponen un 0,09 por ciento del presupuesto de ingresos. «Con ese porcentaje no se pone en riesgo nada. Vamos a quitarnos los estereotipos».

Marín presumió de aguante en la negociación. «Un amigo dice que acabará usted antes con mi dinero que con mi paciencia», le dijo a la presidenta andaluza, quien le devolvió la chanza: «Ya sé que usted no es el Santo Job». Más allá de los quiebros irónicos, nada avanzó Díaz. La línea roja sigue donde estaba: se explorará la bajada de impuestos pero siempre que no comprometa la prestación de servicios públicos. «Entiendo que el impuesto de sucesiones y donaciones se ha sometido a una deslegitimización enorme. Se trata de un tributo de mediados de los años 80, en un contexto muy distinto, cuando no había clases medias y el error de salto no tenía impacto», deslizó Susana Díaz. «Soy consciente de que tengo que dar una respuesta», aunque esta respuesta la incardinó la jefa del Ejecutivo autonómico a favorecer «a las clases medias trabajadoras que son las que han soportado el peso de la crisis».

En este sentido, Díaz volvió a poner la brújula hacia Madrid. Argumentó que «todo sería más fácil con una financiación justa», al tiempo que recordó los 4.672 millones de euros que la región ha perdido según su cálculo por la deficiente aplicación del modelo que impulsó Rodríguez Zapatero en 2009. A Zapatero Díaz no lo mencionó. La financiación en cualquier caso es actualmente el frente más activo de la Junta contra el Gobierno y seguirá colmando nuevos capítulos. La presidenta adelantó que el 10 de agosto la comisión de expertos presentará sus conclusiones sobre el sistema de financiación. «Espero que todas las fuerzas políticas estén, no al lado del gobierno sino al lado de los andaluces».

A IU no le salen las cuentas: «es un ejercicio de trileros»

Izquierda Unida no está a favor de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones que pretenden Ciudadanos y el Partido Popular. El coordinado general de IULV-CA, Antonio Maíllo, aseguró que a su partido «no le salen las cuentas», porque no ve compatible la previsión de bajar impuestos –habló de regalo fiscal— con nuevas inversiones en política social como los más de 200 millones de euros anuales que supondrá la renta mínima de inserción social. Maíllo recordó que más del 22 por ciento de la población infantil en Andalucía (366.393 personas) se encuentra en pobreza severa.

Cs sale al rescate del PSOE para crear el comisionado de la memoria histórica

Ciudadanos sumó ayer sus votos a los del PSOE para sacar a esta formación de un nuevo apuro en el Parlamento andaluz. Esta formación votó en contra de una enmienda introducida por el PP en una Proposición no de Ley (PNL) de Izquierda Unida sobre la normativa de Memoria Histórica. Tras el «fichaje» frustrado de Diego Valderas, Susana Díaz aseguró en una entrevista en la cadena Ser que este puesto seguía adelante. Por eso, el PP presentó una enmienda «in voce» a uno de los puntos de la PNL para «instar al Consejo de Gobierno de la Junta a abstenerse de provocar duplicidad de funciones, creación de nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley que distraigan recursos y competencias al ámbito de aplicación de la misma a través de los cauces previstos». Hay que tener en cuenta que la figura del comisionado no está contemplado en la Ley de Memoria Histórica. Lo que sí existe es un director general que ya está ejerciendo. Desde el Partido Popular deslizaron que en la negociación previa Cs garantizó que se abstendrían. La enmienda del PP fue rechazada por un voto.

IU, no obstante, mostró su satisfacción por que diez de los once puntos de la iniciativa legislativa salieron adelante, entre ellos, la recuperación de la documentación relativa al asesinato de García Caparrós. Inmaculada Nieto (IU) criticó «el nuevo ejemplo de la incoherencia de Ciudadanos, que come de la mano de Susana Díaz».

Podemos pide control de asistencia de diputados y justificar dietas

Los miembros de la Mesa del Parlamento y los portavoces parlamentarios tienen derecho a una indemnización por desplazamiento a la Cámara de 500 euros semanales que están libres de declaración a Hacienda. Esta asignación es fija, ya esté el Parlamento sin actividad –ocurre todos los meses de agosto– o la residencia del diputado en cuestión se encuentre en Sevilla. Éste es uno de los ejemplos que mencionó la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, quien reclamó una reforma del Reglamento de la Cámara para suprimir estos «privilegios» o reformularlos. En cuanto a las dietas pidió que se paguen en función de los gastos que se justifiquen y reclamó también un control de asistencia electrónico.

En este sentido, Rodríguez se preguntó por qué el Parlamento de Andalucía paga a un diputado el kilómetro a 0,25 euros, mientras que el abono para el resto de trabajadores de la administración asciende a 0,19. Criticó asimismo que haya cesantías –indeminizaciones por finalización del puesto– que lleguen a los 4.000 euros al mes. A esta cuantía ascendió por cierto la que percibió hasta principios de este año el ex dirigente de IULV-CA Diego Valderas, que en total sumó 100.000 euros. La presidenta de la Junta la acusó de «desacreditar el sistema democrático».