Encarnación cumplió el viernes once días acampada frente al Ayuntamiento de Motril (Granada). Ese mismo día le comunicaron que el lanzamiento de su tercer desahucio se paralizaba ante la intención de la entidad bancaria que tiene hipotecada su casa, Novagalicia, de negociar su situación. No tiene empleo ni salario social. No demanda caridad, si no permanecer en su casa o en una vivienda pública a cambio de un alquiler que pueda asumir. La noticia del pasado martes que anunciaba la paralización parcial del Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar la función social de la vivienda no ha alterado su situación. De hecho, la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la disposición adicional segunda prácticamente no cambia nada en el dramático panorama de los desahucios.

El dictamen, que estima parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, considera que la expropiación de viviendas vacías propiedad de bancos excede las competencias de la comunidad, invadiendo las del Estado.

Desde la plataforma Stop Desahucios no creen, sin embargo, que su entrada en vigor haya incidido excesivamente en resolver esta problemática, a la que se enfrentan cada mes unas sesenta familias sólo en Granada. «Acuden a pedir información cuando empiezan a tener problemas para afrontar los pagos. Si no se les ayuda, todos esos casos acaban en desahucios», señala Antonio Redondo, portavoz de la plataforma. «El decreto andaluz viene a decir lo mismo que el Decreto-Ley 6/2012 de De Guindos. Lo utilizamos muy poco porque solo se puede recurrir a él cuando a la familia le han subastado la vivienda. En el 80% de los casos se llega a acuerdos con los bancos antes», explica Redondo. Los desahucios de inmuebles subieron en Andalucía un 11,6% en 2014, según datos del Consejo General de Poder Judicial, alcanzando un total de 10.344. Las ejecuciones hipotecarias descendieron respecto a 2013, situándose en 16.991.

«Ya manifestamos nuestro desacuerdo en la tramitación de esta ley», recuerdan desde Stop Desahucios, y señalan como única alternativa efectiva para detener esta práctica «la declaración de emergencia de estado habitacional, no como solución definitiva pero sí para paralizar todos los desahucios». Una propuesta que trasladaron a la Junta hace cuatro años y que, en su opinión, «tendría fácil solución si este Gobierno se pone a legislar». La Junta cifra en 6.000 los lanzamientos parados desde la entrada en vigor de su normativa en 2013. Stop Desahucios incide en que la única novedad de la ley ahora anulada parcialmente es precisamente que dotaba a la vivienda de una función social y permitía las expropiaciones, aunque su aplicación ha sido testimonial, con un solo caso que tuvo, eso sí, una gran repercusión mediática. De las entre 700.000 y un millón de viviendas vacías que hay en Andalucía, según datos oficiales, la mitad son propiedad de entidades bancarias e inmobiliarias. Las sanciones impuestas a ocho entidades financieras y a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por incumplir el citado decreto ascienden a 22,8 millones de euros.

El cambio de rumbo de la política de vivienda se hizo palpable con la entrada de IU en el Gobierno andaluz. Esta circunstancia, unida a la escasez de crédito y a un presupuesto cada vez más mermado, centró las actuaciones públicas en un Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación cuyo retraso en la aprobación –el tope era 2013– motivó en enero una investigación del Defensor del Pueblo. Hasta entonces, los sucesivos planes de vivienda priorizaban la construcción de nuevos inmuebles, dejando el fomento del alquiler o la rehabilitación como actuaciones residuales. En el de 2008-2012, por ejemplo, la entonces Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio –apellido y competencias que perdió al pasar a manos de IU– ofrecía subvenciones de 9.000 euros a adjudicatarios de una vivienda de promoción pública en alquiler que se compraran una casa.

En 2009, se anunció un plan dotado con 978 millones para intentar dar salida a las miles de viviendas vacías del mercado libre que había. Se habilitaron préstamos reintegrables a los compradores para poder pagar su hipoteca, tras un acuerdo cerrado entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y una veintena de bancos. El primer año de vigencia se concedieron 1.395 préstamos por importe de 22 millones de euros. En 2014, comenzaron a no ingresarse las bonificaciones de 250 euros a las familias, que a finales del año pasado mantenían los impagos. Los problemas económicos han dado al traste con las principales vías abiertas en esta materia. Prueba de ello son las ayudas al alquiler para personas vulnerables, convocadas en noviembre pasado y cuya resolución se encuentra en suspenso siete meses después. El último escollo al lento proceso ha venido desde el Gobierno central, que habría exigido modificar las bases de la convocatoria que permitía recibir ayudas, pese a tener deudas contraídas con la Seguridad Social. Unas partidas que se incluyen en el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, suscrito entre ambas administraciones. El Estado debe aportar 30 de los 49 millones previstos para este ejercicio; y otros 41 de los 59 fijados en 2016.

Los vaivenes en la política de vivienda han sido continuos. Otro ejemplo es la Renta Básica de Emancipación, derogada a final de 2011 tras apenas tres años de vigencia. Dirigida a jóvenes entre 22 y 30 años, suponía un ingreso de 210 euros al mes. En el peor momento de la crisis, se suspendió la ayuda a nuevos perceptores.

La Consejería de Fomento y Vivienda también lanzó en 2013 una propuesta novedosa para los ocupantes de las 80.000 viviendas sociales de la Junta que no pudieran pagar el alquiler: realizarían a cambio trabajos de mejora en sus casas. Quedó en una experiencia piloto en Los Palacios (Sevilla) y Córdoba en 2013.

La rehabilitación ha sido la bandera en la última legislatura. El programa de impulso a la construcción sostenible arrancó con 150 millones de dotación y primaba cambios en ventanas o instalación de toldos. Una vez apeado del Gobierno, IU denunció en Málaga el desvío de una partida de 15,5 millones destinada a actuaciones en viviendas públicas de barriadas vulnerables de Andalucía para destinarla a este Programa de Construcción Sostenible, lo que comprometería una actuación muy necesaria para acabar con la infravivienda que todavía persiste en determinadas zonas de las grandes capitales.