De la «estabilidad» a repasar los plazos para las elecciones

El 15 de noviembre del año pasado, Susana Díaz compareció en el Parlamento en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Su intervención tuvo, fundamentalmente, un hilo conductor: la «estabilidad» de la que gozaba Andalucía en contraposición con otros gobiernos autonómicos. Lo hizo, además, con la aprobación de los Presupuestos para 2018 ya encauzada, lo que la presidenta de la Junta no pasó por alto durante su discurso: «Señorías, la aprobación de los Presupuestos lleva implícito, además, un mensaje potente a la sociedad: en Andalucía hay estabilidad, estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad institucional». Susana Díaz también tenía claro entonces quiénes eran los garantes de esta «estabilidad», como si el mero hecho de que existiera permitiera relativizar cualquier problema que surja en Andalucía, ya sea el desempleo o la pérdida de calidad asistencial en la sanidad. «Y, señorías, desde el comienzo de mi intervención les he subrayado la importancia de la estabilidad, que es consecuencia, en primer lugar, de la clara mayoría que le dieron los andaluces y andaluzas al Partido Socialista. También, porque hemos encauzado ese respaldo por un camino de entendimiento y diálogo que ha encontrado un interlocutor idóneo en el Grupo de Ciudadanos, al que quiero agradecer el esfuerzo que han realizado». En otro momento, llegó a afirmar que «hoy estoy satisfecha del acuerdo con Ciudadanos, que es un ejemplo de estabilidad». ¿Qué ha ocurrido entonces para que el pasado jueves Díaz asegurara durante la sesión de control al Gobierno que la «estabilidad» no depende sólo del PSOE y de Ciudadanos? Así se lo dijo al presidente del grupo parlamentario de la formación naranja, Juan Marín, que le recordó que no hay motivos para un adelanto electoral. Lo que subyace detrás de todo es la posibilidad de adelantar los comicios. De momento, el 9 de mayo hay una convocatoria especial en el Parlamento: debate sobre política general –hay dos al año, uno es el Debate sobre el Estado de la Comunidad y otro éste, sin propuestas de resolución– para fijar, según sus propias palabras, «un horizonte de estabilidad». Con esa premisa, cualquier posibilidad de anunciar un adelanto electoral tendría que retrasarse hasta septiembre. El artículo 14.2 de la Ley Electoral de Andalucía apunta que «el Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes al de la celebración de las elecciones». A ello hay que añadir que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General marca que las elecciones anticipadas deben fijarse con 54 días de antelación. Si julio y agosto es inhábil, una hipotética convocatoria debería producirse antes del 7 de mayo –para habilitar las urnas el último día de junio–, es decir, 48 horas antes de la comparecencia en el Parlamento. No parece probable. Así, cualquier adelanto electoral en Andalucía pasaría por fijar las elecciones para los últimos meses del año, antes de que el Gobierno andaluz tenga que remitir el proyecto de Presupuestos para 2019 al Parlamento, cuyo plazo límite concluye el 30 de octubre. En este sentido, hay que añadir otra clave: aunque Díaz aseguró que la Consejería de Hacienda ya trabaja en el mismo, su socio en esta legislatura, Ciudadanos, admitió que aún no tenía noticias del mismo.