Aprobada la regularización de viviendas ilegales con la oposición de IU

El Parlamento ha aprobado hoy, con la oposición de IU y la abstención del PP, la propuesta anunciada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad.

Se trata de una de las 35 propuestas de resolución presentadas por el grupo socialista al término del debate del estado de la Comunidad, y que ha salido adelante gracias a la abstención del PP, grupo mayoritario de la Cámara, ya que IU, socio del gobierno de coalición, ha votado en contra.

En la iniciativa, se insta al Gobierno andaluz a que promueva una modificación de la citada ley "que posibilite la regularización de las edificaciones ubicadas en parcelaciones urbanísticas para las que haya transcurrido el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantenga a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de la legalidad urbanística".

Los socialistas argumentan que el decreto aprobado hace dos años por la entonces Consejería de Obras Públicas y por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, ha carecido de "efectividad"en cuanto a la regularización de las viviendas aisladas prescritas ubicadas en suelo no urbanizables "para las que aún pueden adoptarse medidas de protección de la legalidad urbanística".

"El legislador no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años, y debe dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones parecidas", señalan.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer la citada modificación normativa con la intención de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda".