Alaya cita de nuevo como imputado a exconcejal socialista Gómez Lobo

La juez Mercedes Alaya ha citado mañana a declarar por segunda vez como imputado al exconcejal socialista de Sevilla Manuel Gómez Lobo dentro de la operación Madeja relativa al cobro de comisiones por políticos y técnicos para conceder obras a Fitonovo, a cuyo representante legal también ha citado mañana.

El exconcejal de Vía Pública compareció como imputado el pasado 24 de noviembre, pero en esa ocasión se acogió a su derecho a no declarar y se limitó a señalar a la prensa que no estaba de acuerdo con las acusaciones de Alaya.

La juez imputa a Gómez Lobo los delitos de continuados de cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita, y le impuso una fianza civil de 715.063 euros.

Según su acta de imputación, el exconcejal imputado se reunía una vez al mes con el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, que reconoció ante la juez sobornos y para el que Alaya pidió dos millones de euros de fianza civil.

La juez afirma que, "como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación"con el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa pagó al PSOE entre el 2006 y el 2009 un total de 123.000 euros en distintas cantidades "que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la caja B de Fitonovo de 'Langostinos Maera'".

La juez afirma que Gómez Lobo se unió con Domingo Enrique Castaño, exasesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y al que atribuye un incremento patrimonial injustificado de 411.000 euros, para "maquillar"los pagos ilegales al dueño de Fitonovo.

Gracias a la mediación del concejal socialista, Fitonovo logró la adjudicación de varios concursos, como el riego del Parque de María Luisa por casi 500.000 euros o la conservación de juegos infantiles por 432.778 euros, según la juez.

La Operación Madeja comenzó en julio del 2013 por cobros de comisiones ilegales por parte de Fitonovo, y la tercera y última fase se desarrolló el 11 de noviembre pasado con el nombre de Operación Enredadera, que se saldó con 32 detenciones y el envío a prisión de cuatro personas, tres de las cuales han salido de la cárcel tras pagar las fianzas.

La juez sostiene que Fitonovo formó una "organización criminal jerarquizada"que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.

Respecto al representante legal de Fitonovo, la juez le imputa los presuntos delitos de corrupción entre particulares, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, blanqueo de capitales, un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la Seguridad Social.