Alaya atiende la petición de la Fiscalía e investigará la extorsión a Leal

La instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, ha abierto nuevas diligencias previas para investigar la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por Carlos Leal, abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís imputado en la causa, quien denunció que un amigo personal de un testaferro de los ERE le intentó extorsionar al reclamarle el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer pública una videograbación que supuestamente le incriminaba.

En una providencia la magistrada atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lo había solicitado y acuerda abrir una nueva causa «ante la existencia de indicios de la presunta comisión de infracción penal» y a fin de «determinar la naturaleza de los hechos descritos y las personas responsables de los mismos», según recoge Europa Press.

La Guardia Civil, por su parte, relata en un nuevo atestado que el 16 de julio de 2013, Carlos Leal denunció que había recibido varias llamadas telefónicas de una persona sin identificar y de Antonio Becerril, amigo «personal» del presunto testaferro Eduardo Leal del Real, en las que éste le reclamaba el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer entrega a los medios de comunicación o al juzgado de una videograbación. Ésta se referiría, en concreto, a la firma de dos actas de manifestación ante notario por parte del presunto testaferro mediante las que el abogado imputado «intentó justificar los pagos realizados» por su despacho a Atrado Mensajería y Estudios Agenciales. Unos documentos en los que «se señalaba que los servicios prestados fueron ejecutados bajo la dirección y coordinación» del «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, también imputado en la causa.