Valls liberaliza por decreto la economía gala

Vuelve a recurrir al artículo 49.3 para evitar la derrota en la votación de la «Ley Macron»

Manuel Valls ha recurrido de nuevo al artículo 49.3 de la Constitución para imponer por decreto la ley de reformas económicas, la llamada «Ley Macron», y comprometer la responsabilidad del Gobierno en este proyecto. Según el primer ministro francés, no se trata de «un golpe de autoridad, sino una cuestión de eficacia» para «liberar más» la economía del país para dar un « golpe de juventud» a las empresas, porque es lo que esperan los franceses, que el Gobierno se dé «prisa». El jefe del Ejecutivo carecía de nuevo del apoyo necesario para que la ley fuera aprobada en segunda lectura, porque entre 30 y 40 diputados socialistas siguen oponiéndose con firmeza a una parte esencial de las reformas. Así que ha decidido evitar al país «diez días de debates, una pérdida de tiempo, y divisiones inútiles entre unos y otros», según comentó Valls tras una movida reunión con los diputados socialistas en la que les comunicó que iba a recurrir al artículo 49.3.

Cuando Valls subió a la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional para anunciar que el debate se había acabado, muchos diputados de derechas y de centro se levantaron y se marcharon. Los comunistas también siguieron su ejemplo. Según su presidente, André Chassaigne, «boicoteamos al primer ministro porque él boicotea las normas de la República». Por su parte, el líder de Los Republicanos en la Asamblea, Christian Jacob, echó en cara a Valls que usa «el arma de los débiles», y no ahorró en críticas, acusando al primer ministro de ser «un orgulloso» que se deja llevar por la soberbia. Para los comunistas de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), la decisión es una «negación de la democracia». Según su presidente, André Chassaigne, «los diputados que quieren decir por qué se oponen al texto no tienen derecho a tomar la palabra».

Ahora todos estos partidos estudian la posibilidad de sumarse a la moción de censura anunciada por conservadores y centristas. Por ejemplo, la ex ministra de Deportes comunista Marie-George Buffet aseguró que ella sí estaba «dispuesta» a hacerlo. La oposición tiene 24 horas para presentar dicha moción, que no tiene visos de prosperar porque ningún socialista la apoyará. Después el texto resultante irá al Senado para una segunda lectura en esa cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a su lectura definitiva en la Asamblea, donde el Ejecutivo podría servirse por tercera vez de ese artículo constitucional.

No obstante, toda la polémica reafirma a los socialistas «rebeldes» que obligaron al Gobierno a utilizar el artículo 49.3 en la primera lectura, que han visto con satisfacción cómo vuelven a poner en apuros al Ejecutivo. Parecía que todas las diferencias habían quedado atrás en el congreso socialista del 7 de junio, en el que Valls logró que se ovacionara de pie a François Hollande y su política. Pero tras esa unidad de fachada, los rebeldes siguieron marcando distancias y, de hecho, no aparecieron en la foto de familia. La prueba de que las disensiones no estaban superadas se escenificó de nuevo ayer. La ex ministra de Cultura Aurelie Filippetti, tras escuchar a Valls puso en evidencia que «no tienen mayoría» y que el congreso de Poitiers no ha servido para nada. El también ex ministro Benoît Hamón criticó esta «confesión de debilidad» por parte del Gobierno, y el jefe de los rebeldes, Christian Paul, aseguró que con esta medida Valls «pone en peligro la reelección de Hollande».

El presidente, por su parte, ha asegurado que el texto será adoptado definitivamente antes del 14 de julio para que entre en vigor a partir del 1 de septiembre. Su ministro de Economía, Emmanuel Macron, se hizo eco de sus palabras comentando que es necesario actuar deprisa y con eficacia. Macron aseguró en la Asamblea que, en el momento en el que la ley sea promulgada, «las medidas relativas al transporte por autocar para más de 100 kilómetros, el acceso a información en webs, el permiso de conducir, las medidas fiscales en favor de la empresa o las relativas al trabajo dominical en zonas turísticas serán puestas en marcha». Otras iniciativas más conflictivas entrarán en funcionamiento dentro de dos años porque cada sector debe negociar el marco de trabajo y las compensaciones. En cuanto a las reformas que afectan a las profesiones reglamentadas, como la de notario, «serán puestas en marcha en entre seis y doce meses».