Los demócratas exigen la publicación íntegra del informe de Mueller, mientras perfilan una estrategia que evite victimizar al presidente estadounidense.

El resumen del informe sobre el «Rusiagate», apenas un folio que resume dos años de investigaciones, inaugura oficialmente la campaña de las elecciones de 2020. Para los demócratas resulta imperativo recibir el informe en su totalidad y, en tiempo y forma, hacerlo público. Incluso antes de conocer la decisión del fiscal especial, Robert Mueller, pero conscientes de que había entregado los resultados de su investigación sin proponer nuevas imputaciones, los demócratas insistían en la necesidad de luz y taquígrafos. Multiplicada tras el revés de confirmar que el presidente no conspiró ni se coordinó con los servicios secretos rusos para influir en el resultado de las elecciones de 2016. Entre las posibilidades barajadas cobraba fuerza la idea de enviar citaciones a Mueller y al fiscal general, William Barr, para que declaren en audiencia pública.

Una maniobra que garantizaría la judicialización del proceso, por cuanto es casi seguro que la solución no contentaría a nadie y acabaría contestada en los tribunales. En un fin de semana frenético, de reuniones y conversaciones coordinadas por la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, los demócratas perfilaron su táctica. El senador por Delaware Chris Coons dejó muy claro que los demócratas no están solos en su afán porque el informe sea público. Explicó que el mismísimo Trump y republicanos tan destacados como Lindsey Graham, presidente del comité judicial del Senado, han pedido que el contenido se publique íntegramente. Para reforzar sus argumentos, citó un referente histórico, el «Watergate», cuando el fiscal especial, Leon Jaworski, apadrinó la publicación de la totalidad del informe en «aras de la transparencia».

La especial relevancia del llamado «Rusiagate», tras dos años de indagaciones con un ejército de fiscales que ya han dado como resultado varias condenas, facilita las comparaciones. De paso Coons alertó de la necesidad de estar finos y puso como ejemplo las trece investigaciones paralelas sobre lo sucedido en Benghazi, que hicieron más por enmarañar lo ocurrido que al contrario. También comentó que las indagaciones del Legislativo no coinciden con las de Mueller, ni su mandato es el mismo. El fiscal especial investigaba para descubrir delitos imputables, mientras que los senadores tratan de asegurarse de que «el presidente y su camarilla no se involucraron en una conducta que fuera inapropiada, ilegal o posiblemente impugnable». Una labor incluso más urgente debido a la política del Departamento de Estado, que aconseja no imputar a un presidente en activo. Por otro lado, y a pesar del revés sufrido, insistirán en que el presidente está muy lejos de haber sorteado todos los peligros que lo acechan en los juzgados. Hay numerosas investigaciones en marcha, algunas lideradas por el Legislativo a través de sus comités judiciales, y otras tantas en los juzgados ordinarios. Empezando por el ex abogado Michael Cohen, condenado después de que Mueller comenzara a investigar los pagos que realizó a distintas mujeres que decían haber sido amantes de Trump, y que ha abierto nuevas líneas de investigación tras las acusaciones contra su antiguo jefe que formuló en sede parlamentaria. Sin olvidar que la Fiscalía del distrito Sur de Manhattan investiga todo lo relacionado con la ceremonia de inauguración del presidente: se sospecha que el evento pudo recibir donaciones prohibidas tanto de individuos no identificados como de países extranjeros.

Ahora, y con independencia de lo que digan o hagan tanto los fiscales como la oposición, la partitura la dirige el hombre del Despacho Oval. El presidente ha salido indemne a una investigación de 19 fiscales y abogados, 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, forenses y otros. En palabras de Barr, «el fiscal especial emitió más de 2.800 citaciones, ejecutó cerca de 500 órdenes de registro, obtuvo más de 230 autorizaciones de registros de comunicaciones, emitió casi 50 peticiones que autorizaron el uso de registros de pendrives, realizó trece solicitudes a gobiernos extranjeros en busca de pruebas y entrevistó a aproximadamente 500 testigos». Para celebrarlo, y fiel a su estilo, Trump considera que ha sido «completa y absolutamente exhonerado».