Sin embargo, el Pentágono ha precisado que los militares «no llevarán armas de fuego», pero estarán equipados con escudos y porras

El presidente Donald Trump anunció ayer que había autorizado a las tropas a usar la «fuerza letal si es necesario» a fin de detener al «grupo de migrantes que se aproxima». «Si tienen que hacerlo», añadió grave, «usarán una fuerza letal. He dado el visto bueno», dijo Trump. Añadió que espera que no sea necesario, pero, lamentablemente, no tiene «otra opción». A fin de cuentas, sostuvo con la facundia característica y sin la más mínima aportación fáctica, entre los miles de centroamericanos que aspiran a pedir asilo habría «un mínimo de 500 delincuentes serios». «Tipos rudos» que no dejan más opción que la amenaza de apretar el gatillo. Hasta el momento, los cerca de 5.900 militares desplegados por la Administración Trump en la frontera con México solo podían usar la fuerza contra los inmigrantes si se trataba de defender sus propias vidas, pero la autorización del presidente abre la puerta a que puedan emplearla para «proteger» a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mensaje presidencial llegó en mitad de lo que supuestamente debería ser un mero trámite. Se trataba de charlar de forma amigable con varios altos mandos del Ejército. Una conversación televisada que coincide con el Día de Acción de Gracias. Pero Trump lo transformó en un mitin en el que no faltaron andanadas contra la oposición demócrata, a la que acusó de querer «abrir las fronteras». También dijo que no quiere para Estados Unidos lo que está pasando en la localidad mexicana de Tijuana, donde hay «peleas» en las calles.

Trump recordó asimismo que podría volver a cerrarse el Gobierno si el Congreso y el Senado no le aprueban en breve la construcción del muro. Un afán ya imposible habida cuenta de que una de las dos Cámaras ha pasado a manos de la oposición. También amenazó con «cerrar toda la frontera» si la caravana de inmigrantes desborda los puestos fronterizos. El destinatario obvio de esta crítica era y es México, al que viene acusando de cruzarse de brazos durante la crisis provocada por la caravana. Todo ello al tiempo que el secretario de Defensa, el ex general James Mattis, negaba 24 horas antes que la Casa Blanca hubiera autorizado a «usar la fuerza letal». Los soldados, mantuvo, irían equipados con cascos y porras.

Inevitablemente, tratándose de la frontera, hubo un recuerdo para los jueces. A los que acusa de bloquear de forma sistemática todas sus iniciativas en la frontera. El último, esta misma semana, fue juez federal Jon S. Tigar, del Tribunal de Distrito en San Francisco, que bloqueó la orden presidencial que prohibía la solicitud de asilo político durante los próximos 30 días a los inmigrantes que hubieran entrado de forma ilegal en el país. En opinión de Tigar «cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente».

Trump respondió poco después acusando a los magistrados del Noveno Circuito, al que pertenece Tigar, de boicotear la seguridad nacional. En su opinión los magistrados, muchos de ellos, dijo, nombrados por Obama, trabajan con la única intención de chafar sus políticas y oponerse a todo por sistema. También recordó que la medida de Tigar conocerá recurso y que la respuesta última le corresponderá al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La última vez que sucedió algo similar, en aquella ocasión con motivo del veto a la entrada de los ciudadanos de una serie de países, la administración peleó en el Alto Tribunal hasta que a la tercera y tras remozar profundamente el texto recibió el plácet.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial conoció un momento dramático cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que accedió al cargo a propuesta de George W. Bush, publicó un comunicado en el que avisa que «EE UU no tiene jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces que hacen todo lo posible para hacer justicia. Ese Poder Judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos». De forma casi inmediata, y desde luego inédita, Trump le respondió en Twitter: «Lo siento, sí tenemos ‘jueces de Obama’ y tienen un punto de vista muy diferente al de las personas que están a cargo de la seguridad de nuestro país. Sería genial si el Noveno Circuito fuera realmente un ‘poder judicial independiente’». «Por favor», añadió, «estudie los números, son impactantes. Necesitamos protección y seguridad, ¡estas decisiones están haciendo que nuestro país sea inseguro! ¡Muy peligroso e imprudente!». Nunca desde los días del Watergate un presidente había chocado así con el Poder Judicial. Trump también ha afirmado que todos los casos llegan al Noveno Circuito porque todos saben que allí no hay «ley». «Todos los casos que llegan al Noveno Circuito suponen una derrota (...) No debería permitirse que las personas corran de inmediato a este circuito tan amigable y presenten su caso».

En otro orden de cosas, el magnate aprovechó el improvisado mitin celebrado en Palm Beach para reiterar su absolución al heredero al trono saudí por el asesinato del periodista Khashoggi. El presidente alegó que la CIA no ha llegado a «una conclusión» definitiva sobre quién está implicado en el asesinato y recalcó que Bin Salmán niega «con vehemencia» tener relación alguna con su muerte. Cuando se le preguntó en la rueda de prensa a quién debería responsabilizarse de la muerte del periodista crítico con el régimen saudí, respondió que «quizás al mundo», porque es un «lugar malvado».