El «tijeretazo» social de Starmer para sanear las cuentas públicas

Tardó en arrancar. Ocho meses en concreto han pasado desde su entrada en Downing Street. Pero, finalmente, el premier Keir Starmer ha comenzado a poner en marcha su plan para reestructurar el Estado anunciando una serie de reformas no exentas de polémica.

Tras semanas de disputas internas entre bastidores, el Gobierno laborista ha anunciado recortes en el sistema de seguridad social, con el objetivo de ahorrar 5.000 millones de libras al año para 2030. Incluye propuestas para limitar los criterios para solicitar la ayuda por discapacidad y recortes a algunas prestaciones sanitarias. En definitiva, medidas difíciles de asumir para las filas de un partido que, estando en la oposición, aborrecía los drásticos recortes sociales.

Consciente de las amenazas de rebelión cuando se tramite la ley en el Parlamento, Starmer insistió en que no se quedaría de brazos cruzados mientras millones de personas se quedaban «atrapadas sin trabajo y abandonadas por el sistema», a la vez que prometía «proteger siempre a las personas con discapacidad más grave para que vivan con dignidad».

Con todo, recordó que el número de personas que cobran las ayudas por discapacidad aumentó un 12% en el último año, hasta 3,66 millones, en Inglaterra y Gales. Esta cifra es un 71% superior a los 2,14 millones que había en enero de 2020, antes de la pandemia, y, según el Ejecutivo, evidencia un desajuste en el sistema.

«El cambio social y demográfico significa que ahora más personas viven con una discapacidad, pero el aumento de las ayudas por discapacidad duplica la tasa de incremento de la prevalencia de la discapacidad en edad laboral en el país», precisó la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall.

Según los datos oficiales, las solicitudes por parte de gente joven aumentaron en un 150%, las motivadas por problemas de salud mental un 190% y las peticiones por dificultades de aprendizaje subieron más del 400%.

Asimismo, Starmer ha anunciado, por sorpresa, la abolición del NHS England, el organismo que gestiona la sanidad pública en Inglaterra. La medida forma parte de un paquete más amplio sobre el aumento del uso de la tecnología digital y la revisión del rendimiento en la función pública, respaldado por el mantra de que los funcionarios no deberían dedicar tiempo a tareas que la inteligencia artificial puede realizar mejor y más rápido. El sonido a la motosierra parece escucharse en los pasillos de Whitehall, donde están los ministerios. Pero Starmer, una y otra vez, se ha alejado de la retórica despectiva de Donald Trump y Elon Musk, declarando en su lugar que cree «en el poder del Gobierno, en un Estado activo».

Con todo, ha confirmado que alrededor del 50% de los puestos de trabajo en NHS England –que en diciembre tenía 14.400 empleados– y el Ministerio de Salud –3.500 empleados– desaparecerán.

La oposición no ha rechistado. Existe un consenso interno de que la función pública se ha vuelto demasiado grande y difícil de gestionar tras la expansión durante el Brexit y la pandemia al haber aumentado un 21% en los últimos cinco años, pasando de 445.940 funcionarios a 541.425 en septiembre pasado. El nuevo Ejecutivo ha abandonado el objetivo de los conservadores de deshacerse de 66.000 funcionarios, aunque se espera que se eliminen más de 10.000 puestos de trabajo.

El NHS England es uno de los más de 300 «quangos» que existen en Reino Unido, donde algunas competencias, como la sanidad, están derivadas a las naciones que componen el país. Se tratan de organismos similares a los reguladores y grupos asesores y aunque son financiados por los contribuyentes, no son controlados directamente por el Gobierno central.

El NHS England fue un experimento creado en 2010 durante la coalición entre conservadores y liberal demócratas. Para que los políticos no interfirieran demasiado en la gestión de los servicios de sanidad de primera línea, se implementó un equipo de gerentes y funcionarios –no los médicos y enfermeros– para intentar mejorar el servicio público. Pero acabó siendo un dolor de cabeza burocrático con numerosos equipos de funcionarios que hacen prácticamente e lo mismo que sus colegas en el ministerio.