"Conseguimos una foto, le hicimos zoom, y lo pudimos reconocer. Él tiene un brazo (lleno) de tatuajes y es gordito. Las orejas se las reconocí, todo». Sebastián García Casique dice que su hermano Francisco no pertenece a ninguna banda delictiva, no tiene antecedentes penales y fue enviado injustamente a El Salvador "solo por sus tatuajes".

Desde Maracay, a 120 kilómetros al oeste de la capital venezolana Caracas, esperaban que el barbero volviera a su país en un vuelo de deportación desde que en 2024 se ofreciera para un retorno voluntario.

Había entrado a Estados Unidos en diciembre de 2023, cruzando de manera irregular la frontera sur de ese país luego de atravesar la selva del Darién y subir por Centroamérica. Se entregó a las autoridades y estuvo detenido en un centro para migrantes hasta que fue liberado con régimen de presentación y permiso de trabajo.

Así se mantuvo por varios meses hasta que fue detenido en febrero de 2024 al presentarse a una oficina de la autoridad migratoria ICE (por sus siglas en inglés). "Los oficiales miraron sus tatuajes y lo detuvieron", dice su hermano.

Aunque no tenía antecedentes penales, las marcas en su piel y su origen en Maracay, la ciudad donde nació la banda Tren de Aragua -ahora designada como organización terrorista por la Administración Trump-, le hicieron llevar un brazalete electrónico a la espera de que hubiese convenio de deportación con Venezuela, que aceptó firmar. Ahora está en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador que Nayib Bukele le rentó a Donald Trump para "criminales peligrosos".

Francisco García Casique es uno de 238 venezolanos transportados desde Estados Unidos a esa prisión la noche del sábado 15 de marzo antes de que un juez federal decidiera suspender la aplicación de una vieja Ley de Enemigos Extranjeros, aplicada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y que permite detener y expulsar a inmigrantes de manera exprés. "Demasiado tarde", escribió Nayib Bukele en su cuenta de X luego de publicar un video sobre la llegada de los "miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua" que estarán presos al menos por un año.

En Estados Unidos la abogada Lindsay Toczylowski, presidenta de la organización Immigrant Defenders Law Center, expuso que uno de los casos que atendían era el de un artista venezolano, de la comunidad LGBT, que había llegado a Estados Unidos pidiendo asilo en 2024 pero que fue detenido por ICE por estar tatuado, supuesta evidencia de estar relacionado con pandillas.

"Sus tatuajes son benignos. Pero ICE presentó fotos de sus tatuajes como prueba de que es del Tren de Aragua. Su abogado planeaba presentar pruebas de que no lo es, pero nunca tuvo la oportunidad porque nuestro cliente ha desaparecido". Toczylowski cree que el venezolano, cuya identidad mantuvo resguardada, fue trasladado "a la fuerza" a El Salvador.

El Departamento de Justicia en Washington afirmó en un documento que los aviones con los deportados ya habían salido de "la jurisdicción del juez" cuando ordenó que regresaran, pues estaban en aguas internacionales. La Fiscal general Pam Bondi dijo que el juez James Boasberg prioriza a "terroristas por encima de la seguridad de los americanos".

Este lunes, el zar fronterizo del presidente Trump, Tom Homan, insistió en que los aviones ya no estaban en EEUU cuando Boasberg emitió su decisión. "No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda", añadió. Anunció que en lo sucesivo habrá "otro vuelo cada día".

Entretanto en Venezuela se suman las condenas. Primero la del régimen de Nicolás Maduro que rechazó la expulsión de venezolanos y calificó a la mencionada ley como "anacrónica" y violatoria de derechos humanos. Este lunes reiteró la acusación de que lo ocurrido es culpa de la oposición venezolana.

En un comunicado, Maria Corina Machado y Edmundo González respaldan las acciones contra el Tren de Aragua, pero piden a EE UU que distinga a los delincuentes del resto de ciudadanos venezolanos.

En Caracas está pendiente la llegada de dos vuelos con venezolanos deportados que debían volar la semana anterior, cuando se retomaron los acuerdos tras la anulación de la licencia de operaciones a la empresa petrolera Chevron y la amenaza de Maduro de suspender el programa. Los vuelos, retrasados por condiciones climáticas, no se han producido. Hasta ahora, desde la visita de un enviado de Donald Trump a la capital venezolana, cuatro aviones han aterrizado con migrantes venezolanos.

La ONG defensora de derechos humanos Provea denunció que los traslados a El Salvador no respetan el debido proceso. «¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace», cuestionó Provea.

Desde hace semanas la Administración Trump ha dispuesto la deportación masiva de migrantes venezolanos, incluyendo casi 200 que fueron primero trasladados a la base de Guantánamo, ubicada en Cuba y bajo control estadounidense, antes de ser expulsados a Caracas vía Honduras. En los últimos días el New York Times ha informado que la Casa Blanca prepara una prohibición de viajes total para venezolanos, que pudiera afectar incluso a quienes ya tienen visas vigentes.