La crisis de los cayucos sucedida durante los últimos meses de 2023, que puso contra las cuerdas a la administración de Pedro Sánchez, ha obligado al Gobierno español y a la Unión Europea a buscar nuevas estrategias de cooperación con los países emisores. La urgente necesidad de regular la inmigración procedente de África Occidental podría encontrar una solución en Mauritania, país del cual se estima que salen un 80% de los cayucos que arriban a las Islas Canarias.

Cabe a recordar que en los dos primeros meses de 2023, hasta 12.000 inmigrantes de origen africano han desembarcado en las islas. Pedro Sánchez ya visitó Mauritania junto con Úrsula Von der Leyen en el pasado 8 de febrero, pero una nueva reunión tuvo lugar en Nuakchot durante la semana pasada entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson; y el ministro mauritano de Interior y Descentralización, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Dicha reunión abordó posibles soluciones para evitar nuevas oleadas migratorias, basadas principalmente en procurar incentivos que lleven a las autoridades mauritanas a aceptar un mayor número de extradiciones procedentes de Europa y también a vigilar sus costas en mayor medida. A cambio de aceptar a estos inmigrantes repatriados, el Gobierno mauritano recibirá un ayuda económica de 210 millones de euros, así y como la cooperación europea en distintos proyectos de transporte y energía.

Mohamed Ahmed Ould afirmó tras el encuentro que “nuestra nación no será un país de inmigrantes irregulares, y la Unión Europea coincide con nosotros en esto. Y Mauritania no los recibirá, ni los alojará, en base a este acuerdo”. Mauritania ya ha colaborado anteriormente con el Gobierno español en la lucha contra la inmigración irregular, donde la Guardia Civil colabora con las autoridades mauritanas desde hace décadas en tareas de vigilancia marítima y aérea. Igualmente, los 210 millones prometidos irán destinados, no sólo a la prevención de la inmigración ilegal y a combatir el tráfico de personas, sino que también deberían ser utilizados para el desarrollo económico y tareas humanitarias dentro de Mauritania.

Este país, encajonado entre el Atlántico al oeste, Mali al este, Marruecos y Argelia al norte, y Senegal al sur, supone un punto de paso fundamental para decenas de miles de inmigrantes anuales con Europa por destino final. Alrededor de la economía de las migraciones se han creado sistemas de negocio que traspasan fronteras y que difícilmente concluirán con una ayuda de 210 millones de dólares y promesas de cooperación. Por ejemplo, este periodista pudo entrevistar a numerosos pescadores de la ciudad de Saint Louis, al norte de Senegal, que llevaban a ciudadanos senegaleses, gambianos o guineanos al puerto mauritano de Nuadibú; los inmigrantes se hacen pasar por pescadores y desembarcan en la ciudad mauritana en el momento en que los cayucos aprovechan para repostar o intercambiar mercancías.

Los propios mauritanos han mostrado en los últimos días su rechazo ante el acuerdo formalizado entre su Gobierno y la Unión Europea. Las manifestaciones organizadas por la sociedad civil conocida como “Kafana” se han sucedido desde la visita de Pedro Sánchez y Von der Leyen. Samory Ould Beye, secretario general de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), declaró en el marco de las protestas que "este acuerdo apunta a la integridad territorial de Mauritania, así como a los intereses supremos de la nación. Nos involucra en un acuerdo cuyas consecuencias no podemos soportar y que desestabilizará nuestro país. Apuntan a este país porque creen que es frágil y que se le puedan imponer ciertas políticas y visiones de acuerdo con sus intereses".

En esencia, personas como Beye opinan que las naciones europeas pretenden convertir Mauritania en un territorio de acogida de inmigrantes africanos, una posibilidad que consideran inviable en un país con un PIB 155 veces inferior al español. Además, la presencia yihadista en la vecina Mali hace temer una extensión de la amenaza por medio de las frustraciones que afecten a aquellos inmigrantes “atascados” en Mauritania y con perspectivas socioeconómicas desalentadoras (aunque la legislación mauritana abolió la esclavitud en la década de 1980, en la práctica todavía se mantiene).