El subcontinente hispanoamericano atraviesa horas de tensiones entre distintos países, todas al mismo tiempo aunque con diferentes niveles. La mayoría de los casos se enmarcan en tensiones entre gobiernos de izquierdas y derechas, exceptuando las que tienen que ver con el autoritarismo de Nicolás Maduro en Venezuela.

La crisis de mayor intensidad es la más reciente: la irrupción de la Policía de Ecuador en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018), condenado por corrupción y que había pedido refugio en ese recinto diplomático el pasado mes de diciembre. Ya tenía otorgado asilo político.

La Presidencia de Ecuador disputó la validez del asilo otorgado. «Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político», dice el documento donde se agrega que México ha «abusado de las inmunidades y privilegios» al conceder un asilo «contrario al marco jurídico convencional».

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista impulsor del grupo de Puebla, suspendió las relaciones diplomáticas con el Ejecutivo del liberal Javier Noboa, un acaudalado empresario que llegó a la presidencia al ganar sorpresivamente las elecciones después de una campaña donde el principal aspirante fue asesinado y el voto se decantó por el outsider.

El Gobierno de México denunciará la violación a la Convención de Viena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otras instancias multilaterales; mientras en la Organización de Estados Americanos (OEA) hubo condena por parte de su secretario general, Luis Almagro, a la acción de la Policía Nacional ecuatoriana y pidió diálogo entre ambos gobiernos, para lo cual pedirá una reunión urgente del Consejo Permanente del organismo.

Naciones con gobiernos de izquierda como Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras rechazaron el asalto, así como los autoritarismos de Cuba y Venezuela. Esta última ya había sido criticada por Ecuador, junto a otros seis países de distinto signo político –Argentina, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú– por las arbitrariedades del chavismo en el proceso electoral presidencial venezolano.

Las acciones antidemocráticas de Maduro sobre las elecciones que lo pudieran desalojar del poder han sido tan evidentes que han unificado la crítica de derechas a izquierdas por igual. Por eso ha habido posturas tomadas por los gobiernos liberales del Cono Sur, pero también los duros comentarios de Gustavo Petro y especialmente de Lula da Silva, presidentes de Colombia y Brasil con gran influencia en Caracas.

Con Colombia el asunto no es solo electoral, sino de seguridad. El medio colombiano Noticias Caracol reveló que el régimen chavista supuestamente realizó operaciones de inteligencia dentro de territorio colombiano para perseguir a un opositor y dos exmilitares acusados de conspiración, usando a grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua.

Maduro reaccionó al informe calificando como «basura» a Noticias Caracol y el canciller colombiano, Luis Murillo, respondió afirmando que las autoridades revisarían lo denunciado para investigarlo. «No aceptamos que se den expresiones desobligantes frente a la libertad de prensa en Colombia. Caracol es un medio muy serio. Tenemos un compromiso indeclinable con proteger la libertad de prensa en Colombia», afirmó.

Por si fuera poco, existe otro frente abierto que es entre Javier Milei y Maduro. El presidente argentino y el mandatario venezolano se han intercambiado calificativos, «dictador» por un lado y «lacayo» por el otro. Pero más allá de los micrófonos, seis opositores perseguidos están refugiados en la embajada argentina en Caracas, cuyo servicio eléctrico fue cortado por el Gobierno venezolano. Actualmente, las cancillerías están evaluando posibles mecanismos para otorgar salvoconductos que les permitan irse a Buenos Aires.

Pero la decisión de la Justicia argentina de investigar posibles crímenes de lesa humanidad bajo el Gobierno de Maduro puede empañar el proceso. En Argentina está establecido el principio de la jurisdicción universal, lo cual fue base para la acción iniciada por el fiscal federal Carlos Stornelli en 2023 a partir de denuncias presentadas por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación de George Clooney.