Daniel Ortega hace mucho tiempo que no disimula. El presidente de Nicaragua propuso una reforma constitucional para que rápidamente fuese aprobada por la Asamblea Nacional que confirman sus acólitos. En ella, termina de perfilar el control total del Ejecutivo sobre la estructura del Estado, abre camino para investir a su esposa y actual vicepresidenta con más poder y hasta la bandera de su partido político es convertida en símbolo patrio.

La enmienda plantea refundar el Estado al denominarlo «revolucionario», busca legalizar la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba, formaliza la concentración de poder, legaliza la apatridia y «constitucionaliza el Estado totalitario», según opositores.

Con la modificación constitucional, el período presidencial pasa de cinco a seis años y se crea las figuras del «copresidente» y «copresidenta». Así, Ortega y Murillo formalmente gobernarán en igualdad de condiciones y podrán nombrar a dedo a vicepresidentes. Se espera que el cargo recaiga en Laureano Ortega Murillo, hijo de ambos y quien pudiera heredar el poder más adelante.

La iniciativa establece también que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado «coordinará» a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales. La reforma reza: «La presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución». Y en otro artículo refiere que «el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia de la República que dirige al Gobierno».

En definitiva, se le borra toda separación de poderes y convierte al Poder Ejecutivo en una organización vertical desde la primera magistratura. Además, convierte a la presidencia en la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. De esta forma, Ortega se confirma como el alfa y omega de todos los grupos armados del país.

De igual forma, la reforma incluye la creación de una «Policía Voluntaria» como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional. Voces críticas han señalado que se trataría de la legalización de fuerzas paramilitares y grupos de choque. En septiembre de 2022, Ortega utilizó el término para definir a grupos civiles que participaron en la represión a las protestas populares de abril de 2018 que dejaron decenas de muertos. El texto reitera que las fuerzas del Ejército podrán ser usadas como refuerzo de la Policía para atender situaciones de orden interno.

La reforma constitucional también convierte a la bandera rojinegra del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, la misma que es usada desde que el movimiento era una guerrilla hace cuatro décadas, en un símbolo nacional equivalente a la bandera nacional de Nicaragua.

Por otra parte, la nueva legislación establece que el Gobierno de Nicaragua vigilará que los medios de comunicación social no sean «sometidos» a intereses extranjeros ni divulguen «noticias falsas» que atenten contra los derechos de los nicaragüenses, según el escrito. En el país centroamericano la prensa crítica ha desaparecido y la que opera lo hace principalmente desde Costa Rica, donde editores y periodistas han obtenido visas humanitarias. A varios de ellos se les ha arrebatado su nacionalidad por considerarlos indeseables por el régimen.

La reforma eleva el carácter jurídico de lo que ya había sido aprobado como ley en Nicaragua en septiembre, cuando el Parlamento reformó la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor o zozobra en la población, y que ahora también es aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas. Queda a discreción de funcionarios determinar la falsedad de informaciones o sus supuestos impactos en la sociedad, como ha alertado la asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Las penas alcanzan 15 años de prisión.

«En Nicaragua están los elementos que hacían falta para convertirse en Cuba», reaccionó el líder opositor Juan Sebastián Chamorro, expresó político que fue excarcelado, expulsado hacia Estados Unidos y desnacionalizado hace casi dos años.

Organizaciones como Human Rights Watch también han hecho alertas y condenas por lo que consideran un avance del totalitarismo en Nicaragua. En la Organización de Estados Americanos (OEA) la condena vino con bautizo, pues el organismo regional habla del intento de institucionalizar una “dictadura matrimonial”. La OEA llamó a redoblar la presión diplomática sobre el régimen nicaragüense “para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado”.