El escándalo judicial que precipitó la dimisión del primer ministro António Costa y la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 10 de marzo en Portugal ha sufrido un revés inesperado. El juez que instruye la denominada «Operación Influencer», la trama de la que presuntamente formaban parte su jefe de gabinete, Vítor Escária, su íntimo amigo y consultor Diogo Lacerda Machado, el alcalde de localidad de Sines, Nuno Mascarenhas, y los administradores del consorcio Start Campus, Afonso Salema y Rui Oliveira Neves, ha apreciado la existencia de acusaciones «desproporcionadas» por parte del Ministerio Público que motivaron 42 registros policiales en dependencias del Gobierno, incluyendo el Palacio de São Bento, y la detención de los cinco arguidos (sospechosos formales) por delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la concesión de licencias para la exploración de litio, un proyecto para la producción de hidrógeno verde y la construcción de un centro de datos en Sines.

Los fiscales que impulsaron el caso consideran que la empresa Start Campus contrató los servicios de Lacerda Machado no por su trayectoria profesional, sino por su relación personal con el jefe de Gobierno. El Ministerio Público recoge que el empresario «estableció contactos regulares con el primer ministro y otros miembros del Gobierno, en particular el acusado João Galamba, Pedro Siza Vieira y Duarte Cordeiro, y pidió a todos que tomaran decisiones favorables a los intereses de Start Campus».

Sin embargo, el juez Nuno Dias Costa ha rebajado la gravedad de las acusaciones, que salpican a un total de nueve personas. Además de los cinco mencionados, aparecen en las pesquisas los nombres de João Galamba, ya exministro de Infraestructuras; Nuno Lacasta, presidente de la Agencia Portuguesa de Medioambiente; João Tiago Silveira, abogado y exportavoz del PS; y la entidad Start Campus.

El magistrado reconoce la existencia de pruebas sólidas sobre las acusaciones relacionadas con los delitos de tráfico de influencias y el ofrecimiento indebido de una ventaja, pero estima que los hechos descritos en el auto de procesamiento del Ministerio Público «no cumplen ni el tipo de corrupción pasiva ni el tipo de corrupción activa». Es decir, no evidencian delitos de corrupción o prevaricación. No hay material probatorio suficiente. Razón por la cual dejó el lunes en libertad a Lacerda Machado y Vítor Escária, que permanecían en prisión preventiva desde la pasada semana. El juez decretó el pago de una fianza de 150.000 euros en un plazo de 15 días para Lacerda Machado, así como la retirada de su pasaporte en las próximas 24 horas. Escária solo deberá entregar su pasaporte. Por su parte, el magistrado impuso a Start Campus una fianza de 600.000 euros.

Los cinco detenidos han quedado en libertad. No obstante, el Ministerio Público, que había solicitado entre otras cuestiones prisión preventiva para Lacerda Machado y Escária, así como el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros para Afonso Salema y Rui Oliveira Neves, respectivamente, ha anunciado que recurrirá la decisión de Dias Costa.

El juez constató varios errores en el informe de acusación que fueron reconocidos posteriormente por el Ministerio Público. El de mayor envergadura guarda relación con la confusión entre los nombres del primer ministro, António Costa, y de su ministro de Economía, António Costa Silva. En las conversaciones telefónicas entre Lacerda Machado y los administradores de Start Campus, intervenidas por la Fiscalía, el consultor menciona varias veces a António Costa Silva, pero en las transcripciones quedaba omitido el segundo apellido. No aludían a Costa, sino a su ministro de Economía, puntualizó el propio Lacerda Machado al magistrado.

Costa Silva, sin embargo, rechazó de plano haber mantenido contactos con Lacerda Machado a lo largo de los 20 meses que ha ocupado un asiento en el Consejo de Ministros. «Resumiendo claramente, lo que ha ocurrido es: nada. Lo que ha ocurrido es un error de hecho. Todos somos imperfectos. Llevo 70 años vivo y mi trayectoria habla por sí sola», trasladó a la prensa el titular de Economía, que mostró su malestar con la dimisión de Costa: «Por todo lo que sé, es una persona absolutamente íntegra. Tiene más de 30 años de servicio a la causa pública y nunca ha estado implicado de ninguna manera».

El abogado de Lacerda Machado dijo haber quedado «satisfecho» con el pronunciamiento del juez de instrucción. «Es una decisión que pone fin al delirio del Ministerio Público», declaró Manuel Magalhães e Silva. «Fue el doctor Lacerda Machado quien señaló al Ministerio Público que efectivamente había habido ese lapsus y el Ministerio Público lo reconoció», transmitió el letrado en relación con el error de los fiscales.

Sin vuelta atrás

Sin embargo, nada puede revertir la decisión de António Costa. El jefe de Gobierno presentó su dimisión la pasada semana después de que la Fiscalía hiciera público que estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo de Justicia para esclarecer su implicación en la «Operación Influencer». Lo hizo, según su declaración, para preservar «la dignidad de las instituciones democráticas» y a pesar de tener «la conciencia tranquila».

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó finalmente elecciones para el próximo 10 de marzo después de recibir en el Palacio de Belém a los líderes de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, entre los cuales hubo unanimidad para disolver la Asamblea e ir a elecciones, y con los miembros del Consejo de Estado. El órgano consultivo de la Presidencia quedó partido en dos. Una mitad apostaba por decretar el final de la legislatura; la otra, por darle continuidad con otro primer ministro. Optó Rebelo de Sousa por la primera salida a la crisis, pero prorrogando los plazos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Una de sus prioridades.

Según la prensa local, Costa puso encima de la mesa del jefe de Estado el nombre de varios candidatos disponibles para sustituirle al frente del Gobierno de forma interina. Figuraba en la lista Mário Centeno, presidente del Banco Central de Portugal. El exministro de Finanzas y expresidente del Eurogrupo reconoció en una entrevista con el Financial Times haber recibido la propuesta, sobre la que no tuvo tiempo de pronunciarse. Pero Rebelo de Sousa salió a desmentirle. Ahora, la derecha le acusa de haber violado su neutralidad institucional.

Uno de los arguidos en la «Operación Inlfuencer», João Galamba, siguió los pasos de António Costa y presentó el lunes su dimisión como ministro de Infraestructuras. Dio el paso 72 horas después de reafirmar en sede parlamentaria que no renunciaría a su cargo a no ser que el primer ministro así se lo solicitara. Pero la presión acabó convenciéndole de que no podría continuar en el gabinete. En un comunicado de dos páginas, Galamba, que dirigía el Ministerio desde enero de este año, alega motivos personales, «como padre y como esposo» y para «dar tranquilidad a la familia», a pesar de considerar que «no se han agotado las condiciones políticas de que disponía para el ejercicio de mis funciones». Costa y Rebelo de Sousa aceptaron su dimisión.