“Panamá no es un paraíso fiscal”, ha declarado José E. Ayú Prado Canals, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un encuentro durante la mañana de hoy en la Casa América. Preguntado por las dudas existentes en torno a la legalidad del sistema financiero del país, se ha esforzado en remarcar que el código penal panameño contempla “normas jurídicas muy severas que combaten el blanqueo de dinero”, como el hecho de que desde este año no existan las acciones al portador, al tener que revelar los propietarios de acciones que lo son. También ha añadido que no hay “un velo corporativo que no se pueda levantar” en Panamá.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presente a su vez en el encuentro, ha señalado que mantiene una postura similar a la de Prado Canals: no está de acuerdo con que el país sea considerado un paraíso fiscal. La República trabaja estrechamente con el organismo, sobre todo en estos últimos tiempos en lo que concierne a la reforma del sistema penitenciario.

Tales declaraciones van en la línea de aquellas que las autoridades del país llevan ofreciendo desde la publicación el pasado abril de la investigación periodística bautizada como “Los Papeles de Panamá”. Este estudio, realizado a partir de la filtración de 11,5 millones de documentos la firma panameña de abogados “Mossack Fonseca”, investigaba una red mundial de empresas opacas que el despachó ayudó a crear y entre cuyos clientes se encontraban personalidades muy destacadas como Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito, o el director de cine Pedro Almodovar.

Fuentes gubernamentales panameñas han puesto el foco sobre la injusticia del nombre de la investigación, dado que la mayoría de los nombres publicados y relacionados con la investigación ni siquiera son panameños.