México no se da por vencido

México vive conmocionada desde que el 26 de septiembre desaparecieran 43 de sus estudiantes a manos del narco, y los torpes pasos del Gobierno de Enrique Peña Nieto para aclarar lo sucedido no hacen sino reavivar la indignación y el deseo de justicia en un país acostumbrado desde hace décadas a una violencia brutal que carcome todas las estructuras de la sociedad. En la madrugada del viernes, las autoridades mexicanas daban por muertos a los desaparecidos. Se basaban en los detalles y testimonios de tres de los detenidos con relación al caso, que confesaron que prendieron fuego al grupo de estudiantes en un basurero de Cocula, Guerrero.

El detenido Agustín García Reyes fue quien reveló en un vídeo presentado por la Procuraduría (Fiscalía) que trasladaron a un grupo de más de 40 personas y «los llevaron al basurero de Cocula. Algunos llegaron ya cadáveres, y allí mataron a los que aún estaban vivos. Luego los quemaron a todos con gasolina y otras sustancias, y eso empezó desde las 12 de la noche hasta las tres de la tarde del día siguiente», dice en el vídeo.

Alrededor de 15 de las personas que fueron entregadas a los integrantes de Guerreros Unidos murieron de asfixia; a todos los llevaron a la zona del basurero de Cocula a bordo de una camioneta propiedad de Gildardo López Astudillo, informó el procurador general, Jesús Murillo Karam. Los detenidos señalaron que una vez que los estudiantes fueron incinerados, un integrante de Guerreros Unidos identificado como El Terco ordenó que los restos fueran triturados y luego lanzados al río Cocula. En las imágenes se observa a los detenidos que fueron llevados por la PGR a la zona del río Cocula y al basurero para que mostraran cómo habían actuado. En el río se encontraron bolsas con restos y cenizas de lo que presuntamente eran los jóvenes entregadas por los policías de Cocula e Iguala al grupo de Guerreros Unidos.

Tras conocer esta versión, los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa echaron en cara al presidente Enrique Peña Nieto que no ha cumplido ninguno de los diez compromisos que firmó para hallar a sus hijos. Felipe de la Cruz, padre de uno de los desaparecidos y portavoz de las familias, aseguró que sólo se pretende dar carpetazo al asunto y que sólo han comprobado su incapacidad. «La PGR no tiene pruebas reales de lo que informaron y que sólo se basan en las declaraciones de los delincuentes», acusó. De la Cruz cuestionó el por qué elGobierno federal aún no ha firmado el convenio con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que un grupo de expertos ayude en la búsqueda de los jóvenes . Peña Nieto ha retrasado la firma porque «le conviene torturar a los padres con notas como las que nos dieron», añadió.

En tanto, Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, afirmó que los familiares están dispuestos a aceptar los resultados si hay pruebas científicas que comprueben que son sus hijos. Pero precisó que no se aceptará la hipótesis que dio la PGR porque no son investigaciones concluyentes: «Para nosotros mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos», dijo. El también maestro normalista afirmó que si Peña Nieto se va de viaje al Foro APEC de Pekín demostrará que no tiene compromiso para con la sociedad y quiere cerrar el caso.

En respuesta a las declaraciones del procurador general, ciudadanos y estudiantes de diversos estados repitieron las protestas por el caso, mientras Amnistía Internacional recriminaba a las autoridades su «complicidad» en la desaparición de los jóvenes y su «negligencia» en la posterior investigación de los hechos. Asimismo, la oposición se echó sobre Peña Nieto. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, le exigió «trabajar sin descanso para acelerar las investigaciones y ofrecer a la sociedad mexicana una conclusión certera, contundente y transparente». También la Conferencia Episcopal mexicana pidió «llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias».