En el reino al revés los jueces y diputados se convierten en títeres del poder. La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional de Venezuela retiró la inmunidad de la diputada opositora María Mercedes Aranguren, lo que allana el camino al presidente Nicolás Maduro para obtener poderes especiales en medio de una crisis inflacionista y a un mes de las elecciones locales.

«Aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Mercedes Aranguren», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, después de que la mayoría chavista votara a favor del desafuero. Inmediatamente después, la legisladora abandonó el plenario. Aranguren, electa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien se pasó recientemente a la oposición, está acusada de corrupción y su escaño será asumido por su suplente, Carlos Flores, considerado un chavista. Cabello aseguró que Aranguren «fue electa con los votos del chavismo y su suplente es chavista» y que la Ley Habilitante será aprobada esta semana. Al Gobierno le faltaba un voto para alcanzar los tres quintos (99 votos) que se requieren según la Constitución venezolana para aprobar la Ley Habilitante solicitada por Maduro el 15 de octubre. Y Flores ya declaró en septiembre que «apoyaría» la iniciativa. De hecho, hoy mismo, conseguida la mayoría con el «diputado 99», como ya se conoce a Flores, está previsto que se empiece a discutir la Ley Habilitante –habitual con el fallecido Chávez–, que permite al mandatario hacer modificaciones legales sin tener que contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Y de no surgir ningún imprevisto, podría ser aprobada en votación el próximo martes, con lo cual Maduro obtendría los «superpoderes» por los que suspira desde hace meses para usar contra la oposición.

De hecho, en agosto, el presidente del Parlamento ya anunció que «a su debido tiempo» el brazo de la justicia llegaría al líder opositor, Henrique Capriles, «inmerso en la mayor corrupción». La semana pasada, y basado en denuncias de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que hay motivos para enjuiciar a Aranguren por varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir y legitimación de capitales, y pidió al Poder Legislativo que le retirase el fuero para procesarla.

En los cinco minutos que tuvo ayer en la sesión parlamentaria para defenderse, Aranguren afirmó que «son falsas» las acusaciones en su contra y estimó que «obviamente esto es una 'retaliación' política». «Tengo las pruebas de que no tengo un centavo que haya pertenecido al pueblo venezolano», agregó. Esta sanción a la legisladora busca «entregarle en bandeja de plata el voto 99» a Maduro para «resolver entre comillas los problemas del pueblo», afirmó el diputado opositor Jesús Domínguez. Pero el chavista Pedro Carreño, que encabezó la investigación parlamentaria por este caso, afirmó que la parlamentaria «tiene responsabilidad directa» en la asignación «irregular» de unos 4,6 millones de dólares para varias obras a empresarios cuando ejerció cargos públicos en el Estado de Monagas. La oposición ha denunciado constantes «presiones» del Gobierno para aprobar la solicitud de Maduro, quien asegura que usará el mecanismo para impulsar su cruzada anticorrupción y combatir una supuesta «guerra económica» contra su Gobierno.

El trámite legislativo coincide con un recalentamiento de la inflación, que ya supera el 54% anual, y con la escasez de alimentos en las tiendas. Mientras Venezuela importa el 70% de los bienes que consume, Maduro insiste en la necesidad de obtener poderes especiales que se sumarían a los márgenes máximos que ha impuesto a las ganancias de los empresarios y las sanciones contra los especuladores.