Maduro libera a Goicoechea, pero aumenta la presión sobre Guevara

El régimen excarcela al opositor, que tiene nacionalidad española, y a Delson Guárate, ambos presos desde 2016. El Supremo quita la inmunidad al vicepresidente de la Asamblea.

Una de cal y otra de arena. Una vieja estrategia del régimen chavista que, además, utiliza a los presos como moneda de cambio. No es casual que el mismo día y que el gobierno de Nicolás Maduro dejaba en libertad a dos presos políticos –uno de ellos de nacionalidad española–, la Corte Suprema ordenase quitar la inmunidad al vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, peso pesado de la oposición. Por otro lado, la administración chavista atraviesa un delicado momento económico en los ruedos internacionales, tras anunciar a sus acreedores que buscará refinanciar la deuda. Las liberaciones son una cortina de humo para tapar problemas y ataques mayores.

Ayer, los opositores venezolanos Yon Goicoechea y Delson Guárate salieron de prisión con medidas cautelares, ambos dirigentes militan en el partido Voluntad Popular (VP), al que también pertenece el preso político Leopoldo López. Goicoechea, de nacionalidad española, fue detenido en agosto del año pasado al poco de volver al país, acusado por el oficialista Diosdado Cabello de poseer material explosivo para un supuesto plan contra el régimen de Maduro. El oficialismo denuncia que el plan fue ordenado por Estados Unidos. Según el chavismo, Goicoechea hace tiempo que trabajaba como espía para «el Imperio», y ponía como ejemplo el medio millón de dólares que recibió por el premio Milton Friedman, una tapadera aseguraba, para financiar sus actividades. Su detención fue considerada un secuestro. De hecho, en diciembre de 2016, España le concedió la ciudadanía –Yon tiene abuelos canarios y vascos–, una medida de apoyo y presión para lograr su liberación.

Su detención no solo fue ilegal sino que además, el Gobierno ignoró una orden del juez exigiendo su excarcelación. El abogado defensor, Nizar el Fakih, explica que la situación de Goicochea es «desde el punto de vista legal, inexplicable». «El Sebin –servicio secreto– se ha colocado al margen de la ley y la Constitución, que no atiende instrucciones de ningún tribunal ni de ninguna Fiscalía», dice El Fakih. De acuerdo a El Fakih, en este caso «la propia Fiscalía reconoció que no habían pruebas para incriminarle, el tribunal que ordenó su encarcelación ordenó hace un año su excarcelación y desde ese momento hasta ayer (...) la medida no había sido acatada por el Sebin». Incluso el fiscal general –de corte chavista–, Tarek William Saab, pidió hace meses, cuando aún era defensor del Pueblo, la liberación del opositor.

Ayer Goicoechea –precursor de los movimientos de protesta estudiantiles en el 2007, y viejo enemigo del fallecido Hugo Chávez–, su mujer y sus dos hijos se fundieron en un profundo abrazo. «Venezuela todo pasa y se supera. Dios con nosotros», escribió en su cuenta en Twitter. Se espera que hoy, dé sus primeras declaraciones ante los venezolanos.

Por su parte ,otro de los liberados, Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño del central estado de Aragua, fue detenido en vísperas de una marcha opositora hecha el 1 de septiembre de 2016 en Caracas por el Sebin, acusado de «financiación terrorista» y «asociación para delinquir». Sus familiares denunciaron que en su estancia en la cárcel perdió más de 20 kilos y se agravaron sus padecimientos de diabetes e hipertensión arterial, por lo que solicitaron al Gobierno de Maduro que le fuera concedida una medida humanitaria. Las condiciones de las liberaciones de Goicoechea y Guárate no han trascendido todavía.

Estas liberaciones ocurren en el marco de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de despojar de su inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Cámara, el diputado de VP Freddy Guevara, por supuestos delitos sin especificar, lo que constituye el primer paso para llevarlo a juicio. El Supremo hace esta solicitud a la plenipotenciaria Constituyente, un suprapoder conformado únicamente por oficialistas, cuya instalación ha sido rechazada por la oposición venezolana y por parte de la comunidad internacional, que la califican de ilegítima y fraudulenta.

Hace tres días, el fiscal adelantó que solicitaría al máximo tribunal iniciar acciones que permitan un proceso penal contra aquellos funcionarios que «han llamado a desconocer las instituciones del Estado», en referencia a dirigentes opositores que han llamado a no participar en los comicios municipales de diciembre.

Pese a que la oposición no ha llamado a sabotear la jornada electoral del 10 de diciembre –cuando habrá elecciones de alcaldes–, los investigados podrían enfrentarse a cargos de «conspiración» e «instigación a la desobediencia», según el fiscal.

El presidente Nicolás Maduro ha amenazado públicamente en repetidas ocasiones con la cárcel a Guevara —de 31 años y mano derecha de Leopoldo López, que permanece bajo arresto domiciliario tras más de tres años preso en la cárcel militar de Ramo Verde– por su papel en la convocatoria de las protestas de este año contra el Gobierno, y por no reconocer la Constituyente. Su detención sería además una clara advertencia para todos aquellos candidatos que rehúsen presentarse a las próximas municipales. Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado se encontraban ayer en los alrededores de la residencia de Freddy Guevara. L a opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó la acción del TSJ y dijo que esta acción solo puede hacerla el Legislativo, por lo que calificó el hecho de «ilegal». Según diferentes expertos consultados por LA RAZÓN, el fin último del régimen es ilegalizar la formación Voluntad Popular de cara a las elecciones presidenciales del 2018.