El régimen devuelve a López a casa para reducir la presión internacional

La Constituyente amenaza con someter al líder opositor a la anunciada Comisión de la Verdad.

De nuevo idas y venidas. Presos políticos alistados para futuros movimientos, utilizados para posibles transacciones. Piezas del tablero bolivariano utilizados como garantía y como moneda de cambio. El líder opositor venezolano Leopoldo López fue trasladado la noche del sábado a su casa, donde seguirá cumpliendo una condena de 14 años por incitar protestas contra el Gobierno. Un juez había revocado el martes el arresto domiciliario para López tras acusarle de proselitismo político y de planear su fuga, según informes de Inteligencia, siendo trasladado a una cárcel militar.

Ayer se vieron las imágenes que mostraban a López entrando a su casa. Algunas patrullas del servicio de inteligencia se mantenían en los alrededores de la vivienda del dirigente opositor. Las autoridades le excarcelaron bajo las mismas condiciones que a Antonio Ledezma, político opositor y ex alcalde de Caracas que había sido llevado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de la capital, la misma madrugada que López.

Por su parte, Lilian Tintori, activista y esposa del líder de Voluntad Popular encarcelado desde 2014, aseguró que se mantienen «con convicción y firmeza» para lograr la «paz y libertad» de Venezuela. Gustavo Velásquez, abogado defensor de López, asegura a LA RAZÓN: «No nos han dejado entrar a verle. La custodia es muy grande, había cerca de ocho coches de patrulla. Quedaron en avisarme».

Sobre las razones de su traslado a casa se barajan varias hipótesis. Una podría ser las presiones internacionales; otra, como gesto de paz para entablar futuras negociaciones. La tercera, que sea llevado ante la denominada Comisión de la Verdad, que iba a ser instalada ayer por la Asamblea Constituyente en su segunda sesión, y que finalmente fue suspendida. Esta comisión busca investigar los hechos de violencia «con fines políticos» de los últimos años. En otras palabras: será un nuevo instrumento del Estado para perseguir y castigar a los opositores que se atreven a criticar las decisiones del presidente Nicolás Maduro y que desconocen la legitimidad de la Constituyente. La comisión de la verdad tendrá, según adelantó, «amplias facultades plenipotenciarias» y las recomendaciones que haga «serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público».

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea, expresó que a la comisión «la guiará la determinación de los hechos de la violencia con fines políticos y de los delitos conexos» registrados en los últimos 18 años, desde que gobierna el chavismo en el país, cuando se «desató la noche más oscura en el país por parte de los opositores», sostuvo. Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la comisión de la verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que para esa fecha había cobrado ya una treintena de las muertes y que a día de hoy superan el centenar. La idea de esa comisión surgió después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destituida por la Constituyente, hiciera una serie de críticas por la «excesiva represión» del régimen.