El Supremo británico obliga a May a llevar la votación del «Brexit» al Parlamento

El Tribunal Supremo británico situó hoy al Parlamento como pilar del futuro del Reino Unido al dictaminar que el Gobierno de Theresa May debe consultar a los diputados antes de iniciar el “brexit”, la salida del país de la Unión Europea (UE).

El Tribunal Supremo británico situó hoy al Parlamento como pilar del futuro del Reino Unido al dictaminar que el Gobierno de Theresa May debe consultar a los diputados antes de iniciar el “brexit”, la salida del país de la Unión Europea (UE).

En un dictamen histórico, con una mayoría de ocho a tres, los jueces de la máxima instancia judicial británica concluyeron que no se puede invocar el decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones del “brexit”, sin una votación del Parlamento.

De esta manera, la corte rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra el fallo de un tribunal inferior -el Superior de Londres-, que en noviembre ya dio la razón a un grupo de ciudadanos, representados por la empresaria Gina Miller, al señalar que no se pueden retirar los derechos de los ciudadanos sin consultar al Parlamento.

En su dictamen de unos noventa folios, los jueces del Supremo concluyeron además, esta vez por unanimidad, que el Gobierno central no está obligado a consultar a los poderes legislativos de las autonomías -el Parlamento escocés y las asambleas de Gales e Irlanda del Norte- antes de invocar el artículo 50.

La decisión judicial no anula ni modifica el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, cuando los británicos votaron mayoritariamente a favor de salir de la UE.

“El referéndum es de un gran significado político, pero la ley parlamentaria que lo estableció no decía qué debía ocurrir (tras el) resultado”, afirmó el presidente del Supremo, David Neuberger, al leer el resumen del veredicto.

Así que, puntualizó, “cualquier cambio en la legislación para hacer efectivo el (resultado del) plebiscito debe hacerse de la única manera permitida por la constitución (no escrita) del Parlamento, es decir, una ley del Parlamento” en el Reino Unido.

A pesar de la decisión del Supremo, el Gobierno conservador británico anticipó que mantiene el calendario que se ha fijado de comunicar a Bruselas la retirada del Reino Unido de la UE antes de finales de marzo, por lo que el país estaría fuera del bloque comunitario en la primavera de 2019.

El llamado ministro para el “brexit”, David Davis, dijo hoy en la Cámara de los Comunes que espera presentar “en unos días” el proyecto de ley para la activación del artículo 50.

Se espera que esa legislación sea muy breve a fin de acelerar el trámite parlamentario, si bien varias formaciones, entre ellas el Partido Nacionalista Escocés (SNP), anticiparon hoy que tienen intención de presentar varias enmiendas.

La decisión de los magistrados fue recibida con júbilo por Gina Miller, quien reiteró, en una declaración, que “solo el Parlamento puede retirar los derechos de los británicos”.

“Ningún primer ministro, ningún Gobierno, puede esperar ser incontestable. Solo el Parlamento es soberano”, sentenció.

En la puerta del Supremo, ubicado frente al Palacio de Westminster -sede del Parlamento-, el empresario Charlie Mullins, que ayudó a financiar la causa de Miller, dijo a Efe que fue “totalmente innecesario” haber tenido que llegar hasta el Supremo.

“Fue innecesario venir aquí y gastar dinero del contribuyente. El dictamen fue muy claro, de ocho a tres”, subrayó Mullins, y pidió que, a partir de ahora, el país trabaje “para conseguir el mejor acuerdo posible para el Reino Unido” tras el “brexit”.

Desde la oposición, el líder laborista, Jeremy Corbyn, afirmó que su partido “no frustrará” el proceso para activar el “brexit” y que “respeta el resultado del referéndum y la voluntad del pueblo”.

No obstante, Corbyn anticipó que el Laborismo hará enmiendas al proyecto de ley del Gobierno para impedir que la primera ministra conservadora, Theresa May, transforme al Reino Unido en un paraíso fiscal tras el abandono de la UE, ya que teme que reduzca la carga impositiva a las empresas para atraer la inversión.

Por otro lado, los independentistas de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, recalcaron que están dispuestos a presentar hasta 50 enmiendas al texto legislativo, lo que podría retrasar su aprobación y, por ende, la invocación del artículo 50.

Sturgeon, visiblemente decepcionada con el resultado al ver negada la voz del Parlamento escocés de Holyrood, admitió que el dictamen plantea “asuntos fundamentales” para Escocia.

La política independentista se preguntó si, tras esta resolución, “no sería mejor” que los escoceses tomen el “futuro” de la región en sus “propias manos”. “Se está volviendo cada vez más claro que ésta es la elección que Escocia debe tomar”, advirtió.

En septiembre de 2014, los escoceses rechazaron en un plebiscito la independencia de Escocia del Reino Unido y las declaraciones de hoy Sturgeon han sido interpretadas como un deseo de convocar en el futuro un segundo referéndum sobre la secesión.

En los últimos meses, Escocia ha pedido al Gobierno que el Reino Unido no salga del mercado único europeo, pero May ya ha confirmado que tiene intención de retirarse para controlar la inmigración.

Viviana García/Efe