Implacable control para reprimir la disidencia de Venezuela

LA RAZÓN abre sus páginas a los periodistas venezolanos para que relaten de primera mano la catastrófica realidad de un pueblo acosado por Maduro. Escriben: Óscar Murillo, Lisseth Boon, Elides J. Rojas L. y Laureano Márquez

«Venezuela es como un cuerpo minado de osteoporosis, que en cualquier instante puede quebrarse por algún lado». La metáfora es el resultado del retrato social que hace el trabajador Carlos Ramírez de un país desbordado por la criminalidad, sometido a la escasez de alimentos y productos básicos, con una industria paralizada, en parte, por la restricción de electricidad, y los obstáculos del Gobierno de Nicolás Maduro al referéndum revocatorio como salida electoral a la crisis política. Ramírez trabaja desde hace 25 años en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la principal acería venezolana que en 2008 fue expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez al grupo ítalo-argentino Techint. Generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sin ninguna experiencia previa en el campo industrial, han controlado la siderúrgica desde 2010 hasta la fecha, imponiendo una lógica militar en las relaciones laborales, restringiendo las visitas a las páginas web de medios críticos con el Gobierno, limitando el derecho a la huelga y amenazando con prisión a los promotores de las protestas laborales.

Ramírez pagó un alto precio cuando negó su apoyo a la campaña «¡Obama deroga el decreto YA!», una iniciativa promovida por el Gobierno con la que se buscaba reunir más de 10 millones de firmas contra un decreto estadounidense que declaró al país como una «amenaza inusual y extraordinaria». La empresa suspendió los pagos por adelantado de prestaciones, pospuso las vacaciones y él fue rebajado de cargo. Regularmente, los gerentes de las empresas controladas por el Estado y supervisores de la Administración pública obligan a los trabajadores a marchar y declarar públicamente su «lealtad» al Gobierno a cambio de no tocarlos. La estructura militar ha penetrado en la Administración pública. Lo contrario a las expectativas que despertó la procedencia civil de Maduro en un grupo de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, cuando asumió la presidencia tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, un hecho que precipitó la transición política en Venezuela. Fue Chávez un agitador de masas que convirtió la frustración de un pueblo en un programa ideológico de contenido social pero desteñido en el tiempo por el carácter personalista (de allí la expresión «chavista»), autoritario y militarista. Pero es esto último lo que determina la relación de fuerza e imposición que imprime la «revolución bolivariana» a los ciudadanos que piensen distinto o se atrevan a contrariar las decisiones del partido.

Hostigamiento laboral

Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), afirma que «Venezuela está gobernada por una cúpula militar con un civil en el medio que es Maduro». Únete nació bajo los auspicios del chavismo hasta que los fundamentos de la libertad sindical chocaron con el avance político y las alianzas económicas del mandatario. Entonces, Carbone y compañía comprendieron que la «lealtad» exigida por el máximo líder estaba reñida con las libertades democráticas y los derechos fundamentales. Por ejemplo, las evaluaciones salariales en el sector público (cada seis meses) ahora incluyen una nueva categoría: participación política y acción comunitaria. «Implementaron esa categoría que no es otra cosa que el formulario que usa el jefe de un departamento (por lo general puesto por el partido gubernamental) para contabilizar la asistencia a los actos públicos de carácter proselitista y propagandístico. Si cumples con esos paramentos te suben el sueldo en un 40%. De lo contrario no recibes ningún incentivo».

Únete, conformada en su mayoría por sindicatos que hasta hace tres años respaldaban las políticas económicas, registra desde abril –lapso que coincide con el inicio del pedido de referéndum revocatorio por parte de la oposición– al menos 50 quejas diarias de trabajadores que van desde señalamientos por las redes sociales, amenazas de despido hasta incumplimientos salariales. El Ministerio de Trabajo y los tribunales laborales sellan la estructura de dominación política en el campo laboral, toda vez que los funcionarios y los jueces (en su mayoría provisionales, lo cual compromete su autonomía) responden a los designios del poder central o el partido. Únete prepara un informe con las quejas que llevará a la 105º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en cuyas instancias se han tramitado no pocos casos de violaciones a la libertad sindical y discriminación por razones políticas.

Ni diálogo, ni amnistía

Hasta mayo de 2016, el Foro Penal Venezolano tenía registradas 85 personas detenidas por motivos políticos. Del total, 31 personas fueron detenidas por manifestar; tres por el uso de redes sociales; dos por rebelión civil; 19 por rebelión militar y 30 por otras causas. Portavoces de la organización han insistido en que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma de intolerancia política. Buena parte de los casos contra dirigentes políticos, trabajadores de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) y empresarios carecen de pruebas y la condena procede porque la persona sostuvo una postura crítica ante el poder o por haber resultado coyunturalmente incómodos al Gobierno.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado buena parte de las detenciones como arbitrarias por tener como fundamento impedir la expresión de ideas y opiniones políticas y ha instado a Caracas a la inmediata liberación, a garantizar el derecho de todos y a considerar favorablemente la solicitud de visita en misión oficial al país. Hasta febrero, la organización contabilizaba a 23 del total de presos políticos como gravemente enfermos y con necesidad de la amnistía. La Asamblea Nacional (AN) sancionó el 29 de marzo una Ley de Amnistía que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, enterrando la esperanza de los familiares de los presos políticos, entre ellos, el dirigente opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, cuyos casos han preocupado a la comunidad internacional. El rechazo a la amnistía y reconciliación nacional mostró el choque de poderes existente propiciado por el Gobierno de Maduro. La AN está controlada por la oposición tras una histórica elección, el 6 de diciembre, que puso en evidencia el descalabro electoral del chavismo bajo el liderazgo de Maduro. Entre tanto, la postura frontal de los defensores de derechos humanos le han valido ataques, acoso público e, incluso, secuestros, obligando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares en favor de varios activistas cuya labor es criminalizada a diario.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha documentado casos de discriminación vinculados a la participación política en Venezuela. Su directora, Ligia Bolívar, fija como primer pico de conflictividad el año 2004 con la activación del referéndum revocatorio contra el entonces presidente Chávez. La oposición recogió entre 2003 y 2004 un número requerido de firmas para solicitarlo, pero las rúbricas fueron filtradas al diputado oficialista, Luis Tascón, quien las publicó en su web. Más de 2 millones de firmas, junto a su número de identidad, fueron usadas como coartada para excluir a estos venezolanos. Ministros amenazaron públicamente a los trabajadores que firmaron convirtiendo este proceso en un «apartheid» reconocido por el propio Chávez en 2005 cuando pidió «archivar y enterrar la famosa lista de Tascón», la cual, a su juicio «seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó». Once años después de aquel proceso, la oposición venezolana vuelve a tramitar un referéndum y el Gobierno ha emprendido una campaña intimidatoria contra quienes han firmado. Desde 2004, el Ejecutivo ha exhibido su poder de coerción en cada elección, minando la confiabilidad del sistema electoral y garantizando la «lealtad» a través del miedo. En las presidenciales de 2013, en las que resultó ganador Maduro por estrecho margen, no sólo se satanizó el disenso sino también la indiferencia del pueblo considerado como chavista. Tras el triunfo de la coalición opositora (Mesa de la Unidad Democrática) en las legislativas de diciembre, el Gobierno de Maduro se mostró enfadado con el revés electoral a tal punto que responsabilizó a los que votaron por la oposición del incumplimiento en las metas previstas de los programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela. La «cacería de brujas» también ocurrió en niveles medios de la Administración pública, sobre todo, dirigida a los beneficiarios de alguna donación y sobre los cuales pesaba la etiqueta de traición. «La actuación de las instituciones encargadas de velar por las garantías y derechos de los venezolanos ha sido nula ante las denuncias de los afectados», señala Bolívar.

El caso del despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus respectivos cargos públicos en 2004, tras haber firmado el referendo revocatorio, fue presentado por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Han pasado todos estos años y la jurisdicción nacional no ha mostrado interés en proteger las libertades y derechos de quienes han sido afectados por la discriminación por razones políticas», sostiene la activista.

Solidaridad y voto...

La solidaridad, entendida por Gabriel García Márquez, como una energía de novedad y belleza que no puede ser domesticada «ni por la voracidad imperial, ni por la brutalidad del opresor interno» se junta con un derecho que en Venezuela hoy es muy preciado para la supervivencia democrática: el sufragio universal, directo y secreto. El voto y la solidaridad conforman el único refugio de la civilidad venezolana, capaz de resistir a la tentación de un modelo hegemónico del poder, sin independencia de los poderes públicos y ruptura constitucional. La paradoja de un país petrolero con una economía destruida, después de 15 años de promesas y cócteles doctrinarios, incrementa el nerviosismo en la cúpula que heredó el proyecto de Chávez, cuya base popular se erosiona a la velocidad en la que los alimentos y los salarios languidecen. Sin los ingresos exorbitantes de la renta petrolera, ni el carisma del líder fundador, la continuidad del chavismo luce comprometida y llena de contradicciones. Mientras tanto, el sector de la sociedad venezolana que aspira a cambiar el Gobierno mediante una transición democrática, sortea las amarras de la represión.

En Twitter @oscarfmurillo

Un medio condenado

Óscar Murillo. Redactor jefe del «Correo del Caroní»

Desde 2011 soy jefe de redacción del «Correo del Caroní», un medio con 39 años de cobertura periodística en Bolívar, al sur del país. Además de investigador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, soy docente en la Univ. Católica Andrés Bello. En marzo, un tribunal penal condenó al «Correo del Caroní» y a su director, David Natera Febres, por informar sobre un caso de corrupción en la empresa estatal de hierro (Ferrominera Orinoco). El juez impuso una pena de 4 años de prisión a Natera por difamación e injuria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que este fallo supone la criminalización del periodismo independiente y de investigación. A mediados de 2015, la edición impresa de mi diario se redujo a una vez por semana por la restricción de papel por parte del Gobierno.