El Tribunal Penal Internacional dictó ayer sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre Gaza.

De esta forma, la corte de La Haya rechaza los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant -relevado en su cargo a comienzos de mes- buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos “indispensables para su supervivencia” y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.

Los jueces creen que Netanyahu y Gallant pueden ser “penalmente responsables” por utilizar el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Les recrimina, además, que bajo su mando puedan haberse cometido ataques indiscriminados contra la población civil.

Con todo, el TPI no dispone de elementos propios y depende de la colaboración policial de los Estados firmantes del Estatuto de Roma, dentro de los cuales no figura Israel ni tampoco Estados Unidos, para la ejecución de la citada orden de detención. De esta forma, el primer ministro israelí podría seguir viajando a otros países siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran el TPI. Desde el 7 de octubre -fecha en que las Brigadas Al Qassam de Hamás acabaron con la vida de 1.200 personas y secuestraron 240-, sólo ha viajado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a Estados Unidos.

Además, el TPI dictaminó ayer la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’. Al líder de las Brigadas Al Qassam se le acusa de varios crímenes contra la humanidad -asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual- y de guerra -asesinato, tratos crueles y tortura, toma de rehenes, atrocidades contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual-- que se remontarían a lo ocurrido en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

No tardó ayer el jefe del Gobierno israelí en rechazar la decisión del TPI. A juicio de Netanyahu, las órdenes de detención contra él y Gallant son resultado del “antisemitismo” y el “odio” hacia Israel. “La medida equivale a un moderno juicio Dreyfus”, aseveró el primer ministro en un comunicado difundido por su Oficina.

Desde la Casa Blanca, un portavoz afirmó que “Estados Unidos rechaza en lo fundamental la decisión del Tribunal de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes”. “Estamos profundamente preocupados por las prisas del Fiscal en la emisión de órdenes y los errores de procedimiento que le han conducido a esta decisión”, zanjaba la nota emitida por la portavocía de la Presidencia estadounidense.

La decisión del Tribunal Penal Internacional unió ayer a Hamás y a la Autoridad Palestina. La organización con la competencia de gobernar parte de Cisjordania instó a los Estados firmantes del Estatuto de Roma a acatar el dictamen de la corte de La Haya. Para la Autoridad Palestina, que preside Mahmud Abbas, este tipo de dictámenes “devuelven la esperanza y la confianza” en el Derecho Internacional y sus instituciones. Desde la organización islamista palestina se saludaron sendas órdenes de arresto como “un importante precedente histórico” tras “haber ignorado las atroces violaciones” contra los palestinos “durante 76 años de ocupación fascista”.

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, recordó ayer que el dictamen contra Netanyahu y Gallant es “vinculante” y por lo tanto los Estados miembros de la UE deben garantizar su aplicación. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”, aseveró ayer desde Jordania en sus últimos días antes de abandonar el cargo.

En el caso concreto de Francia, tras asegurar que su país actuaría “en línea con los estatutos de la corte”, el portavoz del Ministerio de Exteriores Christophe Lemoine admitió “la complejidad legal” de la cuestión y evitó adelantar si el jefe del Gobierno israelí y su ex ministro de Defensa serían detenidos en suelo francés.

Finalmente, Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron a los países firmantes del Estatuto de Roma que hagan cumplir el mandato del Tribunal Penal Internacional. “Que el TPI pueda cumplir de forma efectiva su mandato dependerá de la voluntad de los gobiernos de apoyar la justicia sin importar dónde se cometan los abusos y quién los cometa”, aseveró ayer la directora asociada de Justicia Internacional de HRW, Balkees Jarrah.