Los disturbios de la extrema derecha se han producido cuando Keir Starmer apenas llevaba un mes en la residencia del número 10 de Downing Street. Son los peores disturbios desde 2011. Su reacción se ha basado en imponer la ley y el orden, algo a lo que estaba acostumbrado porque fue el fiscal general de Inglaterra y Gales entre 2008 y 2013. Fue él el encargado de lidiar jurídicamente con los disturbios de 2011, que empezaron con el asesinato de un joven negro en manos de la Policía. E implementó los juicios rápidos, que terminaron con 1.300 penas privativas de libertad, que incluían el arresto domiciliario.

En esta ocasión, lo primero que hizo Starmer fue calificar a

los alborotadores de «gamberros» y «matones de extrema derecha», prometer el despliegue de un «ejército» policial, prometer que a los culpables les caería encima todo el peso de la ley y equiparar los delitos de incitación al odio racial en redes sociales al resto. El Gobierno laborista aplicó la fórmula de los juicios rápidos para que los alborotadores se dieran cuenta de que sus acciones tenían consecuencias inmediatas. Treinta personas ya han entrado en prisión.

El 5 de agosto, cinco días después del inicio de los disturbios, convocó la primera reunión de crisis (algunos le critican que tarde) en la que participaron jefes policiales y fiscales, a los que dio protagonismo mediático. De momento, parece que la situación está controlada. Pero el problema de estos disturbios va más allá

de cuatro «matones» o «gamberros» que se aprovecharon de la situación.

Estos disturbios se produjeron en una docena de ciudades británicas, en zonas deprimidas. Las causas de fondo son el malestar de una parte de la población por la falta de perspectivas de futuro y el empobrecimiento de sus vidas. Todo esto combinado con la llegada masiva de inmigrantes ilegales, que pasó de 800 al año antes de la implementación del Brexit a 50.000 el año pasado, puesto que, con el Brexit, Reino Unido se salió del Convenio de Dublín que le permitía enviar a los sin papeles a los países europeos de partida, básicamente Francia.

También se ha incrementado la inmigración legal. Y sigue existiendo una tremenda desigualdad regional entre el centro y norte de Inglaterra (donde se produjeron la mayoría de las protestas) y Londres y el sur. Este fue uno de los motivos del voto a Johnson y al Brexit en 2019. Pero nada cambió. Igualar socioeconómicamente el territorio requiere de una enorme inversión de dinero durante décadas, un dinero que ahora mismo no tiene Starmer.

La respuesta del «premier» a la violencia callejera ha sido contundente, pero no está tan claro su plan para acabar con la inmigración ilegal, que se basa en luchar contra las mafias de tráfico de personas y pasa por la colaboración con la Europol y la Unión Europea. Starmer ganó las elecciones de julio con un programa centrista con una gran mayoría, pero solo el 33% del voto, pero está enfrentado a la izquierda de su partido y los populistas de derecha de Farage antiinmigración consiguieron el 14% (aunque solo el 0,7% de los escaños). Starmer ha atajado por ahora la violencia, pero no los motivos que llevaron a la gente a protestar. La gran prueba para él será, primero, sacar las conclusiones correctas de esta crisis y, después, cambiar la realidad. Y los resultados no se verán sobre el terreno hasta dentro de unos años.