«Fumata gris» para el Brexit

Londres y Bruselas llegan a un principio de acuerdo técnico sobre la salida de la Unión Europea. La «premier» convoca hoy a su Gabinete en busca de apoyo al plan tras reunirse ayer uno por uno con sus ministros.

El acuerdo del Brexit finalmente está en Downing Street. Tras dos años de sudor y lágrimas y reuniones que en la última semana se han alargado hasta altas horas de la madrugada, los negociadores británicos y comunitarios lograron ayer cerrar un pacto de divorcio a nivel técnico. En los últimos meses, el llamado «backstop» se había convertido en el principal escollo. Se trata del plan de emergencia que debe aplicarse para evitar una frontera dura en Irlanda, en caso de que las futuras negociaciones sobre las relaciones comerciales colapsen.

Según los detalles que se filtraron ayer a la Prensa, hasta que se encuentre una solución mejor, todo Reino Unido permanecerá temporalmente en la unión aduanera, aunque el texto recogerá anexos o provisiones específicas para que Irlanda del Norte, en caso de que ese arreglo no sea suficiente, permanezca alineada con el reglamento comunitario.

Según los rotativos, el acuerdo recogería también un mecanismo para que Londres pueda salir de la unión aduanera cuando quiera. Ésta siempre ha sido una de las grandes demandas de los «brexiters», que temen quedar atrapados «sine die» en la normativa europea ya sin voz ni voto. Sin embargo, Bruselas quiere que el Tribunal Europeo de Justicia sea en última instancia el árbitro. Y esto es algo que crea bastante polémica dentro del Partido Conservador.

El texto acordado ayer por los negociadores es solo a nivel técnico, pero ahora debe ser aprobado por el Gabinete de Theresa May y no sería la primera vez que, tras tener «fumata blanca» en Bruselas, luego se desmorona todo en Downing Street. Por lo tanto, el optimismo hay que tomarlo con cautela. May convocó anoche a sus ministros en el número 10 para enseñarles el documento a cada uno de manera individual, un detalle muy importante a tener en cuenta. Hoy, tendrá lugar una reunión extraordinaria del Gabinete con la que se pretende conseguir luz verde para convocar la esperada cumbre extraordinaria de la Unión Europea.

Con todo, al cierre de esta edición, no se descartaban dimisiones. El pasado viernes, Jo Johnson, secretario de Estado de Transportes, ya presentó su renuncia al no estar de acuerdo con la estrategia de la «premier», a la que acusa de haber pactado un Brexit muy distinto al que votaron los británicos. El influyente Jacob Rees-Mogg, líder del grupo ERG, que aglutina al núcleo duro de «tories» euroescépticos, señaló anoche que espera que hoy el Gabinete bloquee el texto. En caso de que los ministros den finalmente su respaldo a May, todo indica que habrá cumbre europea en noviembre. El texto –que aparte del «backstop» irlandés, incluye el compromiso para respetar los derechos de los ciudadanos y una factura donde Londres tendrá que pagar 39.000 millones de libras– se acordaría entonces a nivel político, pero aun así no significa que esté todo hecho. Nada más lejos de la realidad.

Tanto el documento como una declaración política sobre las futuras relaciones entre Londres y el bloque deben ser luego ratificados en el Parlamento Europeo y en Westminster y, en este sentido, las cosas no se presentan especialmente fáciles para la «premier», que, por cierto, ayer cosechó una importante derrota después de que la Cámara de los Comunes aprobase una moción vinculante de la oposición laborista para forzar al Gobierno a mostrar «cualquier asesoramiento legal completo» que haya recibido durante las negociaciones.

May no cuenta con mayoría absoluta y depende del apoyo del DUP. Los unionistas norirlandeses aseguran que no votarán a favor de nada que deje a Irlanda del Norte con un estatus diferente al del resto de Reino Unido. Por su parte, está la oposición laborista liderada por Jeremy Corbyn, que ya ha advertido de que si el acuerdo de divorcio no pasa sus «6 tests» (en la práctica una lista imposible de demandas), votará en contra. En definitiva, hay bastantes posibilidades de que el texto finalmente sea rechazado en Westminster.

Llegados a este escenario, el Gobierno evitaría a toda costa elecciones generales atendiendo a los malos resultados de 2017. Por lo tanto, no se descarta que haya otro plebiscito para que sean los británicos los que, dos años después del histórico referéndum y una vez conocen la realidad de lo que significa un Brexit, tengan la última palabra. Si finalmente el acuerdo es ratificado en Westminster, el texto debe transformarse luego en legislación británica antes del 29 de marzo de 2019, fecha marcada para el Brexit. En cualquier caso, si finalmente hay pacto, existirá un periodo de transición hasta diciembre de 2020 en el que Reino Unido seguirá dentro del mercado único y la unión aduanera.

En la capital comunitaria, ayer reinaba la prudencia. Al cierre de esta edición, no se había producido ninguna confirmación oficial sobre un posible acuerdo técnico entre las dos delegaciones. Bruselas se ha acostumbrado a la extrema debilidad de May y los constantes conatos de revuelta en su Gabinete. Sabe que cualquier declaración o paso en falso no redunda ni en beneficio de la «premier» británica ni en la buena marcha de las negociaciones. Por eso ayer evitó que se produjera el mismo escenario que hace un mes, cuando algunos medios europeos dieron por válido un acuerdo técnico que no recibió el necesario aval político.

Como único punto que pudiera dar alguna pista, la convocatoria para hoy de una reunión extraordinaria de los embajadores de la UE en la que el negociador jefe de los Veintisiete, Michel Barnier, informará sobre los últimos acontecimientos. Puede que esta cita sirva para descorchar el champán o solo para constatar que las negociaciones se encuentran en un nuevo punto muerto. Se espera que, en el primer caso, se produzca la convocatoria de una cumbre extraordinaria a finales de este mes (estaba inicialmente prevista para este fin de semana) para sellar el acuerdo al máximo nivel político. En el segundo caso, habría que esperar hasta diciembre, con unos plazos cada vez más apurados para la necesaria ratificación tanto en la Eurocámara como en el Parlamento británico.