Brasil se enfrenta a la insurección bolsonarista

Fabiano André da Silva, de 50 años, reside en Minas Gerais. En la primera semana de enero viajó hasta la capital, Brasilia, para participar de las manifestaciones que protestaban contra un supuesto fraude electoral en la victoria de Luis Inacio Lula da Silva, que asumió el poder el 1 de enero tras ganar la segunda vuelta a Jair Bolsonaro por la mínima (50,9% frente a 49,1%).

Da Silva primero llegó hasta el cuartel general del Ejército, donde los manifestantes se habían apostado desde hacía varias semanas atrás para exigir a una intervención armada que impidiera la juramentación del mandatario izquierdista. El 6 de enero, Fabiano André se enfiló, como tantos otros, hacia la Esplanada dos Ministérios, el sector de la capital donde están las sedes del poder público. Antes otros se le habían adelantado siguiendo las instrucciones y llamados hechos a través de un grupo de Telegram con 30.000 suscriptores, todos simpatizantes de Bolsonaro. «Girasoles caminando hacia la explanada de los ministerios». «Patriotas en la trinchera». Estas y otra frases indicaban que la acción había comenzado: una turba se dirigía al Palacio de Planalto, sede de la presidencia, al Congreo y al Trubunal Supremo.

Cuando Da Silva llegó al lugar ya el pandemónium se había de-satado, el Congreso había sido invadido después de que los violentos sobrepasaran las barreras dispuestas por las autoridades. Primero entró en la sede del Legislativo, y luego caminó hacia el Tribunal. Nadie le opuso resistencia. Ni a él ni a ninguno. No había policía o militar alguno que lo intentara siquiera. Vio los destrozos, alzó su voz, se sumó a la turba y luego tomó camino hacia el Palacio de Planalto.

En el grupo de Telegram se repetía la frase «Vamos a expulsar a los comunistas de Brasil». El 8 de enero sería el día en que el recién investido Lula sería expulsado del cargo, aspiraban los insurrectos. Fabiano André llegó a Planato que, se supone está protegido por el Batallón de la Guardia Presidencial y el Regimiento de Caballería de Guardias del Ejército. A los segundos los vio subir por la rampa de acceso principal al estilizado inmueble de Oscar Niemeyer.

Pero luego los uniformados retrocedieron y salieron de la instalación. Entonces Da Silva decidió entrar. Según contó después, siempre tuvo «paso libre» a todos los lugares a los que quiso acceder. Como mostró el diario «Folha», incluso ante el riesgo de invadir edificios públicos, no fue reforzada la seguridad del palacio y solo estuvo la guardia común de fin de semana en activo. El domingo, día de los eventos, el Palacio del Planalto amaneció con solo seis centinelas y dos efectivos de la guardia presidencial. El refuerzo llegó tras el asalto con tres pelotones.

El episodio violento finalmente duró unas cuatro horas. Cuando fue mermando, había destrozos en los inmuebles, obras de arte dañadas, patrimonios perdidos y mobiliario roto o tirado en la calle. Ya la Policía Federal había comenzado a actuar. Fabiano André da Silva fue detenido dentro del Palacio de Planalto, y ahora su nombre figura en la primera lista de 300 presos acusados por delitos contra la democracia. Su testimonio a la Policía ahora es público. El relato de Da Silva está siendo usado, junto a otros para determinar, cómo se organizó una desestabilización que pasó de protestar contra un supuesto fraude a pedir intervención militar a directamente asaltar la sede de los poderes del Estado.

A petición de la Fiscalía, el Tribunal Supremo incluyó este viernes a Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista. Las autoridades estudian si el gobernador de Brasilia –suspendido de su cargo por 90 días mientras se le investiga–, Ibaneis Rocha, y su secretario de Seguridad, el exministro bolsonarista Anderson Torres, decidieron mirar a otro lado y hasta animar la insurrección. Torres se entregó ayer a la Policía a su llegada a Brasil procedente de EE UU, tal y como había solicitado el Ministerio Público. También está en la lista de investigados el comandante general de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira.

Este viernes, Rocha compareció ante la Policía Federal y afirmó que el plan de seguridad elaborado para la manifestación del día 8 sufrió «actos de sabotaje» por parte de las fuerzas de seguridad locales. Acusó a la Policía de «connivencia» y «colaboración» con los golpistas, así como de haber cometido «deserción». Vídeos en redes sociales, y compartidos por el grupo de Telegram que coordinó la acción, mostró a manifestantes charlando con policías de manera amena mientras ocurrían los destrozos.

Lula ya ha apunto que incluso en las Fuerzas Armadas hubo connivencia con los asaltantes, y ha ordenado cambiar a todo el personal del palacio presidencial. Jair Bolsonaro es militar retirado. Pero aún no está claro qué tan extendida pudiera ser una conspiración contra su naciente Gobierno. Hasta ahora, la Abogacía General de la Unión –dependiente del Ejecutivo– señala a 52 personas y siete empresas como financiadores de los actos violentos: pagaron los autobuses que hicieron los traslados de personas desde distintas partes del país hacia la capital.

La tarea no está completa. Los interrogatorios a funcionarios militares y policiales están comenzando. Se busca llegar a los autores intelectuales, si los hubiere. Para esa tarea, fue allanada la residencia de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro, donde la Policía Federal encontró el borrador de un decreto para que Bolsonaro estableciera un «estado de defensa» en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para revertir el resultado de las elecciones. Luego de que «Folha» revelara la existencia del documento, el exministro dijo en una red social que el borrador fue «filtrado fuera de contexto» y ayuda a «alimentar narrativas falaces». Según Torres, en el cargo que ocupaba se analizaba todo tipo de propuestas, que no necesariamente guías de acción. También recordó que: «Fuimos el primer ministerio en entregar los informes de gestión para la transición. Respeto la democracia».

Según la Constitución de Brasil, el decreto del estado de defensa sirve para «preservar o restablecer prontamente, en lugares restringidos y determinados, el orden público o la paz social amenazados por inestabilidad institucional grave e inminente o afectados por calamidades de gran magnitud en la naturaleza». El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal, ha dicho que los indicios agrupados por las autoridades «demuestran una posible organización criminal que tiene como uno de sus propósitos desestabilizar las instituciones». «Este episodio dejará aislada a la extrema derecha en Brasil», publicó la consultora BN Américas. En principio, en beneficio del Gobierno de Lula da Silva que prevaleció. Pero la iamgen institucional también ha salido golpeada.

Entretanto Lula ha regresado al verbo encendido mientras señala directamente a su antecesor. Estos días se ha referido a Bolsonaro como genocida varia sveces, a los asaltantes como nazis, estalinistas, fascistas, terroristas y ha pedido castigos ejemplarizantes.