Lula acusa al Ejército brasileño de conspirar con los golpistas

La Justicia brasileña comienza a poner en la mira a dirigentes políticos del bolsonarismo a raíz de las investigaciones sobre los disturbios del domingo 8 de enero que temrinaron con un asalto a las sedes de la presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en la capital, Brasilia. Este jueves, la Fiscalía ha soilicitado a la Corte Suprema investigar a tres diputados aliados del expresidente Jair Bolsonaro por “incitación a actos antidemocráticos”.

El Ministerio público solicitó investigar a André Fernandes y a la indígena Silvia Waiãpi, diputados del Partido Liberal (PL), la misma formación del exmandatario, y a la también parlamentaria Clarissa Tércio, del opositor Partido Progresista. De acuerdo con la petición, los tres diputados son sospechosos de “incitación a los actos de violencia y vandalismo” a través de “publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones”, lo que puede tipificar el delito de “incitación pública al crimen”. Los diputados Fernandes y Waiãpi han solicitado a su partido asistencia legal para enfrentar los cargos.

Adicionalmente, la Fiscalía también ha pedido investigar al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que fue separado del cargo durante noventa días, y de su entonces secretario de Seguridad, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, a quien se le ha solicitado orden de captura; así como congelar cuentas de Jair Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos.

Allí han aumentado las presiones sobre la Casa Blanca para expulsarlo y que vuelva a Brasil a enfrentar las investiaciones judiciales. Varios congresistas demócratas han elevado la petición, argumentando que EE UU no puede ser refugio de quien “ha inspirado terrorismo”, en palabras del demócrata Joaquín Castro.

Pero los señalamientos no solo van hacia los políticos. Hoy el presidente Lula da Silva acusó a “gente de las Fuerzas Armadas” de haber colaborado en la invasión del Palacio del Planalto el pasado domingo y dijo estar convencido de que se habían abierto las puertas. También dijo que “ningún sospechoso de ser bolsonarista de raíz” puede permanecer en el Palacio.

“Había mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí conspirando. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota”, aseguró Lula, durante un desayuno con periodistas en el Palacio del Planalto.

Agregó el mandatario que está depurando la sede de la presidencia que “estaba lleno de bolsonaristas, de militares y estamos viendo si podemos corregirlo para colocar a los funcionarios de carrera, preferiblemente a los funcionarios que estuvieron aquí y fueron removidos, trasladados del departamento. Para que se convierta en una oficina civil”.

Entretanto, la Abogacía General de la Unión (AGU) -un órgano del poder Ejecutivo- identificó a 52 personas y 7 empresas como responsables de haber financiado el transporte de golpistas a la federal capital, y pidió bloquearles activos que suman más de un millón de euros. Según la petición de la AGU, ese dinero debe ser usado para las reparaciones en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF).

Las pérdidas por más de un millón de euros se calculó sobre la base de estimaciones iniciales de daños causados al Senado y a la Cámara. El organismo señala que las pérdidas en el Palacio del Planalto y en el Supremo Tribunal Federal (STF) aún no han sido elevadas, por lo que el valor de la acción puede cambiar en el futuro.

Este jueves se conoció una encuesta hecha por Datafolha que afirma que el 55%de la población considera a Bolsonaro como responsable de los ataques golpistas en Brasilia. Para el 39% no fue responsable y el 6% dijo no saber responder.

La encuesta fue realizada entre el martes y el miércoles, entrevistando con llamadas a teléfonos móviles a 1.214 personas de todo el país, para dar un margen de error de 3%. El 93% de los brasileñois condena los ataques golpistas.